solicito modelo de amparo por dcto 884

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solicito modelo de amparo por dcto 884

Notapor karinaalejandra » Jue Jun 05, 2008 12:56 pm

Alguien tendría para pasarme un modelo de amparo? desde ya lo agradezco.-
karinaalejandra
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Re: solicito modelo de amparo por dcto 884

Notapor caricari » Vie Jun 06, 2008 10:12 pm

Hola! soy nueva en el foro, espero poder ayudarte y subir bien la información.... :? se puede asi no?

PROMUEVE ACCION DE AMPARO.-
SOLICITA MEDIDA CAUTELAR.-


SR. JUEZ FEDERAL:
......, mayor de edad, viuda, pensionada, con ....., con domicilio real en calle ....., de la ciudad ......., por derecho propio y con el patrocinio letrado de la ......, abogada, constituyendo domicilio procesal en calle ......, ante S. S. me presento y respetuosamente digo:
1.- PRETENSIÓN:
Que vengo, en legal tiempo y forma procesal, a promover acción de amparo en los términos del Art. 43 de la Constitución Nacional y artículos concordantes de los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos (Art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional), contra decreto 1451/06 dictado por el P.E.N. y la Resolución nº 884/2006 dictada por el ANSES, que vulnera leyes anteriores Nro. 25.994 (Art. 6 y conc.) y 24.476 (Art. 7 y conc.), y demás disposiciones operativas de la Constitución Nacional, concretamente el artículo 1º, 14 bis, 16, 17, 76, 77, y 99 de la Carta Magna, que protegen el derecho de la actora en el caso concreto.-
Que en virtud de ello se interpone formal acción de amparo contra la ANSES con domicilio en calle Rioja 1120 de la ciudad de Rosario y el P.E.N. (PODER EJECUTIVO NACIONAL) con domicilio en calle Balcarce 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de que este Tribunal declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los arts. 2º, 3º y concordantes del decreto 1451/06 y los arts. 4º, 5º y concordantes de la resolución de la ANSES nº 884/06 y cualquier otra norma, reglamento, circular o instructivo que se dictare en consonancia con las citadas, en cuanto que las mencionadas normas lesionan, restringen, alteran y amenazan con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y de la Seguridad Social incorporados a nuestro derecho; todo ello con costas a la parte demandada.-
2.- LEGITIMACIÓN ACTIVA:
Me encuentro legitimada para ejercer la presente acción por haber sido directamente perjudicada por una decisión del organismo previsional de ANSES.
3.- HECHOS:
La Sra. ..... es pensionada. Inició los trámites tendientes a obtener su jubilación bajo el plan de facilidades previsto en el art. 6 de la Ley 25.994 -antes de entrar en vigencia la resolución Nº 884/06 de la Anses-, conforme se acredita obtuvo su clave fiscal en fecha 12.09.2006 con la cual realizó el trámite en SICAM que se adjunta, en fecha 14.11.2006 abonó la primer cuota de la moratoria.-
El ........ la Anses acordó su beneficio jubilatorio, bajo el Nº .......l., conforme se acredita con copia de la página web de dicha repartición.
Los primeros días de Junio, atento el plazo transcurrido y al no salir el pago, se reiteró la consulta vía web de la Anses y al ingresar al RUB se consigno la siguiente información “Beneficio con Pago suspendido”.
Por tanto, habiendo obtenido conocimiento de la suspensión del pago del beneficio en fecha ..... -conforme lo acredito con copias acompañadas- no le queda a esta parte otra vía que la judicial a fin de salvaguardar sus derechos.
Nótese lo injusto del caso que -amén de lo inconstitucional de la aplicación de la mencionada Resolución que viola principios constitucionales- la solicitud se había cursado con anterioridad a su entrada en vigencia y el beneficio había salido acordado. Es recién ahora que la actora toma conocimiento de su suspensión volviendo a ingresar a la web, atento al plazo transcurrido y la demora en el pago.
Cabe recordar que la actora es una persona mayor de edad, con problemas de salud y su único ingreso lo constituye una pensión mínima a causa del fallecimiento de quien fuera en vida su esposo. No posee bienes inmuebles ni inversiones que le produzcan renta. Se encuentra en una situación que raya el límite de la subsistencia económica.
Además cuenta con la edad necesaria para acceder a la Jubilación Ordinaria conforme lo exigido por el art. 19 de la Ley 24.241, pero no así los años de aportes necesarios.
En virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 25.994 decide acogerse a ese régimen con el propósito de obtener el mencionado beneficio e ir cancelando la deuda por aportes en cuotas mensuales, pagando la primera de ellas de contado y las restantes, hasta un máximo de 60, descontándose del haber jubilatorio.
Encontrándose vigente el plazo de dos años establecido por la ley 25.994, y habiéndose ya presentado la solicitud de jubilación por parte de la actora, el PEN dicta el decreto 1451/06 mediante el cual, de manera inconstitucional “delega facultades” en la ANSES que son propias del CONGRESO DE LA NACION.
Dicha Administración, en virtud de la referida delegación dicta la inconstitucional y arbitraria Resolución Nº 884/06, la que en su artículo 4º dispone en forma totalmente restrictiva que las personas que estuvieren percibiendo una pensión sólo adquirirán derecho al cobro del beneficio previsional a partir de la cancelación total de la deuda reconocida.
Exigir el pago anticipado de la deuda implica frustrar el derecho a la jubilación de la actora, pues no cuenta con los recursos suficientes para el pago de dicha suma de dinero, situación fáctica que en el caso se agrava aún más ya que su pedido había sido cursado con anterioridad a la entrada en vigencia de la mentada resolución y había sido abonada la primera cuota.
En virtud de lo dispuesto por la Anses se desnaturaliza la letra expresa de la ley que habla de “cuotas” y su mismo espíritu y finalidad. El art. 6º de la ley 25.994 expresamente dice: “La percepción del beneficio previsional por parte de los trabajadores mencionados en los párrafos precedentes se encuentra sujeta al estricto cumplimiento del pago de las cuotas de la deuda reconocida”.
Es del caso señalar, repito, que la actora ingresó su solicitud con anterioridad a la entrada en vigencia de mencionada ley y su beneficio había sido otorgado. Por lo tanto es más arbitraria la aplicación de la mentada resolución en el caso en cuestión, atento a que había adquirido su derecho a obtenerla, amén del pago de dos cuotas efectuado en el interín.
Nótese que ni siquiera fue notificada de la suspensión del beneficio y toma conocimiento tras un excesivo plazo de espera del pago.
Téngase en consideración, también, que la cancelación de la cuota durante la tramitación debe considerarse como la consolidación de su derecho a acogerse al beneficio previsto por la normativa vigente a la fecha de tramitación de la jubilación.
La posibilidad de jubilarse en virtud de la moratoria dictada por una LEY DEL CONGRESO con pago en cuotas a descontarse del haber jubilatorio, ha sido eliminada a partir del día 24 de octubre de 2006 por una Resolución de la ANSES dictada en virtud de una delegación (inconstitucional) del PEN.
La ley 25.994 tenía vigencia hasta el 15 de enero de 2007 y fue prorrogada hasta el 30 de abril de 2007, por lo que este cercenamiento a un DERECHO LEGÍTIMO de la actora, le impide obtener su jubilación por no poder cancelar la “totalidad” de la deuda con anterioridad al cobro del beneficio, habiendo iniciado sus trámites con anterioridad a la entrada en vigor.
También es dable resaltar que se toma conocimiento con posterioridad al 30 de abril de 2007 de la suspensión del beneficio ya otorgado, empero el mismo –valga la redundancia– ya había sido cursado y otorgado en tiempo y forma. Por dicha razón esta parte cursa el presente reclamo en tiempo y forma atento a que toma conocimiento de la suspensión del beneficio recién el 02.06.07.
4.- PROCEDENCIA DEL AMPARO:
A.- ADMISIBILIDAD: La promoción de la pretensión de amparo es admisible dado que no existe otro medio judicial más idóneo contra los actos y omisiones de la demandada, que lesionan y amenazan los derechos y garantías cuya tutela promuevo.-
-La acción de amparo (reglada en el art. 43, Constitución Nacional ), "como procedimiento o vía de tutela esencial, juega como alternativa principal y no subsidiaria, de manera directamente operativa resulta la vía idónea, para asegurar la vigencia cierta de los derechos constitucionales". Augusto Mario Morello "La primera sentencia de amparo a la luz de la constitución reformada", JA, diciembre 28-1194.
En tal sentido, la Suprema Corte de Mendoza -en pleno-, sostuvo que la vía más idónea no es sólo la vía más rápida, "sino que quiere decir más apta, más hábil, más apropiada, de acuerdo a todas las circunstancias que el caso presenta" (JA, 8/3/2000, ps. 75/76, 34/38). "El amparo precede aun si existen otras vías alternativas utilizables cuando éstas -por resultar lentas o dificultosas- tornarían ilusoria la presentación esgrimida" (véase Carlos E. Camps, "Amparo y ultraanticipación de la tutela", en JA, N° especial "Derecho Procesal Constitucional", coord.: Néstor P. Sagüés y Ramiro Rosales Cuello, Bs. As., 19/9/2001, N° 6264, p. 12).
En base a las consideraciones precedentes, cabe además señalar que el derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el art. 18 de la Constitución Nacional y en forma expresa en el art. 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos importa la posibilidad de ocurrir ante un tribunal judicial, a fin de obtener la tutela oportuna y eficaz de un derecho de raigambre constitucional.
B.- ACTO DE AUTORIDAD PUBLICA QUE EN FORMA ACTUAL O INMINENTE LESIONES, RESTRINJA, ALTERE O AMENACE DERECHOS Y GARANTIAS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, UN TRATADO O UNA LEY: La delegación inconstitucional efectuada por el PEN al ANSES y los efectos de la misma, configuran un acto que lesiona, restringe, altera y amenaza mis legítimos derechos, cuya tutela por la vía del amparo es admisible conforme los términos del art. 43 de nuestra ley fundamental.
En efecto, “la incorporación a la Constitución Nacional de la acción de amparo, la convierte en un derecho y garantía constitucional operativa (Cám. Civ. Y Com. y Laboral, Posadas, Sala II, 13/02/1997, “Bergallo Di Fiori, Ignacio”, LL Litoral, 1997-469), cuya admisibilidad debe apreciarse con criterio amplio, teniendo en cuenta los derechos comprometidos.. .y ante la menor duda sobre la admisibilidad de la vía del amparo debe darse curso al trámite...(CNC, Sala C, 21/04/1994, Avalos, Mario v. Municipalidad de Buenos Aires; LL, 1995-E-574, Jurisp. Agrup., caso 10.673), dado que constituye una garantía judicial otorgada a los particulares para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos establecidos en la Constitución Nacional (Cám. Nac. Civ., Sala K, 18/12/2001, “D.L.C., G.A. y o. V. Swiss Medicla Group S.A.”, LL, 2002-A-579).-
En el caso que sometemos a V.S. el acto que lesiona gravemente derechos constitucionales, específicamente de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la propiedad, principal aunque no excluyentemente, emana de una autoridad pública, ANSES, encontrándose por ello la misma legitimada pasivamente.-
C.- ARBITRARIEDAD O ILEGALIDAD MANIFIESTA: El acto por el que la ANSES suspende el beneficio que fuera acordado contraria palmariamente, tras un examen superficial de sus irregularidades, al ordenamiento normativo.
En este sentido, cabe mencionar que “la ilegalidad se configura cuando el acto, positivo o negativo, carece de todo sustento normativo o resulta contrario a derecho e incluye a las vías de hecho, esto es hechos materiales consumados sin un acto administrativo previo, o bien contrarios o violatorios de éste” (Hutchinson, Tomás, “Ley Nacional de Procedimientos administrativos” T.I. Astrea, p. 184), en tanto que la arbitrariedad es comprensiva no sólo de los casos premencionados sino además, de aquellos otros en los que el proceder de la autoridad pública se manifiesta a través de la errónea o contradictoria aplicación de normas, o cuando se prescinde de la prueba o de otros elementos de juicio necesarios para resolver determinada cuestión (STJ Santiago del Estero, 4/6/1998 “Coop. De Provisión de Servicio para Transporte Argentina Ltda.. v. Municipalidad de la Capital” SE Zooo4399).-
En efecto, tanto la conducta arbitraria como la ilegal son ilícitas, aun cuando el comportamiento arbitrario esté fundado en ley, porque la arbitrariedad de la ley conlleva su inconstitucionalidad. (Sagües, Nestor P. “Amparo, Habeas data y habeas hábeas en la reforma constitucional”, LL, 1994-D, 1155).
Tales irregularidades pueden especificarse en que estando vigente el plazo de dos años establecido por el artículo la ley 25.994, el PEN dicta el decreto 1451/06 donde en forma inconstitucional “delega facultades” en la ANSES, que son propias del CONGRESO DE LA NACION.-
La ANSES, en virtud de dicha delegación dicta la inconstitucional y arbitraria Resolución nº 884/06 que en su artículo 4º dispone en forma totalmente restrictiva que las personas que estuvieren percibiendo una pensión sólo adquirirán derecho al cobro del beneficio previsional a partir de la cancelación total de la deuda reconocida.
Reiteramos a V.S. que exigir el pago anticipado de la deuda implica frustrar el derecho a la jubilación de la actora, pues no cuenta con los recursos suficientes para el pago de dicha suma de dinero. La irrazonable restricción impuesta por la Resolución nro. 884/06 no tiene fundamento alguno habida cuenta que desconoce la esencia misma del derecho a la seguridad social reconocido constitucionalmente en la norma del art. 14 bis de la CN.-
La resolución premencionada es inconstitucional y ello debido a que el órgano ejecutivo carece de atribuciones para entrometerse en cuestiones que nuestra CN ha colocado exclusivamente a cargo del órgano legislativo. Cabe señalar que el art. 99 de la CN autoriza al poder Ejecutivo a expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Por lo que destaco Su Señoría que ello ha sido infringido en los presentes habida cuenta que el órgano ejecutivo altero el espíritu de la ley 25.994 en cuenta esta posibilita el acceso a un haber jubilatorio a través de la cancelación de la deuda en cuotas y cercenando así el legítimo derecho a la jubilación de la actora.
D.- DERECHOS CONCULCADOS: La violación y el quebrantamiento del orden jurídico por parte de la ANSES y cuyo cuestionamiento se efectúa en la presente acción vulnera los legítimos derechos de igualdad y propiedad de nuestra mandante y la inalterabilidad de las garantías constitucionales.
Cabe destacar que el art. 75 inc 22 de la CN otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales, los que vienen así a complementar y ampliar el espectro de los derechos o garantías protegidos, concretamente el art. 9º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social; la Convención sobre Discriminación Racial incorpora el derecho a la seguridad social cuando enumera los derechos económicos, sociales y culturales cuyo ejercicio debe garantizarse igualitariamente (art. 5, e, iv.); la Convención sobre Discriminación de la Mujer explicita el “derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar” cuando enumera derechos para cuyo ejercicio ha de eliminarse la desigualdad con el varón (art. 11.1.e).-
En sentido coincidente, la más autorizada doctrina ha puesto de manifiesto que "las normas de la Constitución ... no son retóricas ni declamación fraseológica, sino derecho de la Constitución con fuerza normativa" (Germán Bidart Campos, "El derecho de la Constitución y su Fuerza Normativa", Ed. Ediar. Bs. As., 1995; del mismo autor, "Las Transformaciones constitucionales en la postmodernidad", Ed. Ediar. Bs. As., 2000, p. 16 y sigtes.).
En el caso que presentamos a S.S. se encuentran gravemente comprometidos derechos del área de la seguridad social (art. 14 bis, Constitución Nacional), por cuanto entienden las suscriptas que la negativa por parte de la aquí accionada de otorgar el goce del beneficio jubilatorio adolece de sustento normativo y reviste una típica nota de ilicitud.
En el caso concreto sometido a decisión judicial surgen indicios vehementes referidos a un trato discriminatorio, acoplado a un ejercicio irregular y/o abusivo por parte de la ANSES. La restricción efectuada por el mentado organismo a través de la Resolución nro. 884/06 art. 4º deviene totalmente inconstitucional ya que sólo se permite acceder al cobro del beneficio previsional a partir de la cancelación total de la deuda, hecho que le resulta a la actora de imposible concreción. Es por ello que se acude a S.S. peticionando que los principios de no discriminación, de orden constitucional y como nueva manifestación y explicitación del tradicional derecho a la igualdad ante la ley, prevalezcan frente a la mera invocación de normas reglamentarias-administrativas, tales como las resoluciones de la ANSES, atento que la norma del art. 14 bis de la CN comienza estipulando que el estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.- Asimismo, la seguridad social está obligada a brindar igual cobertura a todos los individuos, en relación directa con el principio de la dignidad del hombre y su libertad.-
En los presentes el accionar de la administración pública quebranta un principio básico como es el de razonabilidad en cuanto a la aceptación o no de incorporaciones al sistema previsional (art. 28 de la CN), transformándose así en un ejercicio abusivo del derecho (conf. Doctrina art. 1071 2º párr. CC).
En este sentido la CSJN en el fallo del caso Vega Humberto Atilio de fecha 16/12/1993 la CSJN entendió que el principio de razonabilidad exige cuidar que las leyes mantengan coherencia con la constitución durante el lapso que dura su vigencia temporal, para que su aplicación concreta no resulte contradictoria con la constitución.
Por otra parte, sabido es que las normas jurídicas infraconstitucionales (ley 25.994 y cc.) y más aún las de carácter meramente reglamentario-administrativas como el decreto 1451/06 y la resolución de la ANSES nro. 884/06, deben ser siempre interpretadas y aplicadas a la luz de principios, normas y valores de raigambre constitucional. Es por ello que en el caso solicitamos a V.S. prevalezcan los principios de integralidad y solidaridad en que se sustenta nuestro sistema de seguridad social, los cuales conllevan a que se tienda a asumir todas las contingencias y necesidades sociales, y a suministrar prestaciones cuyos montos queden debidamente preservados, y a hacer participar a todos en la financiación del sistema de prestaciones, y a garantizar contra las exclusiones y las coberturas insuficientes.
En este campo la presencia reglamentaria, reguladora y controladora del Estado viene impuesta por el art. 14 bis, reforzado por el art. 75 inc. 23 que obliga a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos; todo ello en particular respecto de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad.-
Acorde con lo expuesto en el caso “Mac Kay Zenik Sergio L.C.” fallado el 03/11/1988, la CS desplegó pautas importantes en materia de seguridad social. Sostuvo el tribunal que las normas sobre seguridad social contenidas en el art. 14 bis de la CN, al propio tiempo que consagran derechos para los jubilados, encomiendan expresamente al estado el otorgamiento de beneficios. Este mandato constitucional, cuyo cumplimiento atañe a los poderes públicos dentro de la órbita de sus respectivas competencias, se vería frustrado si las autoridades que representan al estado desconocieran las leyes y actuaran de manera omisiva en perjuicio de la clase pasiva.
En el caso “G.D.J. c/ Caja Nacional de previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles”, fallado el 23/11/1995, la CS recordó una vez más que el “cumplimiento del mandato constitucional que importe otorgar y asegurar los beneficios de la seguridad con carácter integral e irrenunciable atañe a los poderes públicos dentro de la órbita de sus respectivas competencias”.-
Cabe señalar que la ANSES suspendió el beneficio jubilatorio que se le acordara a la actora atento la existencia de una pensión.- Ello resulta totalmente injustificado y carente de sustentación alguna habida cuenta que los beneficios acordados lo fueron por diverso titulo, amén de que la actora ya poseía un derecho adquirido.
En efecto, las jubilaciones se otorgan a una persona en razón de una actividad laboral cumplida por ella misma, sea en relación de dependencia, sea independiente o por cuenta propia, en tanto que las pensiones derivan de la jubilación a favor de los causahabientes de la persona jubilada o con derecho a jubilación. Con lo que queda de manifiesto la arbitrariedad en que incurre la ANSES al imposibilitarle a nuestra representada acceder a su jubilación en base al pretérito otorgamiento de una pensión, restringiéndosele así su derecho de propiedad.
- Antecedentes Jurisprudenciales-
- “Es procedente la acción de amparo tendiente a que se deje sin efecto la disposición de la Junta de Clasificación del Consejo General de Educación de la Provincia de Corrientes que negó al amparista la inscripción en un concurso de ingreso a la docencia con fundamento en el límite de edad -en el caso, más de cuarenta años- pues tal decisión importa una limitación arbitraria al derecho de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional.” (“Verón Nélida D. c. Consejo General de Educación de la Provincia de Corrientes”, LLLitoral, 2002-209, Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, 25/10/2001). (el subrayado nos pertenece).
- “El derecho de pensión tiende a evitar el desamparo de quienes por su edad o modo de vida no están en condiciones de proveer a su sustento, quedando así unido por su naturaleza con la prestación alimentaria”. ( D. de S., E. H. c. Caja de Jubilaciones y Pensiones de Mendoza: LA LEY, 1992-C, 530 - ED, 147-154 - DJ, 1993-2-64, SJ. 681.Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Sala I Fecha: 11/11/1991).
5 - MEDIDA CAUTELAR:
En función de todo lo expuesto hasta aquí respecto de la violación de los preceptos constitucionales por parte del conjunto de normas inicialmente mencionadas, solicitamos a V.S despache MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA y ordene a la ANSES y/o al P.E.N. el reestablecimiento de la situación legal existente al 25 de octubre del 2006, removiéndose todos los obstáculos y las normas que cercenen los derechos de la actora a obtener la jubilación tal como existía y estaba regulado legalmente antes del día 25 de octubre de 2006, absteniéndose la ANSES de aplicar la Resolución Nº 884/06 y cualquier otra norma, reglamento, circular o instructivo que impida la obtención de la jubilación en virtud de la Ley 25.994, haciendo expreso uso del pago en cuotas de la deuda por aportes necesarios conforme la ley de jubilaciones Nº 24.241, librándose los despachos correspondientes.
5.1.- Presupuestos de la medida cautelar solicitada:
5.1.1.- Verosimilitud en el derecho invocado: La incertidumbre objetiva generada por la normativa adoptada por la ANSES es clara y manifiesta, desvirtuando los principios de razonabilidad e ilegalidad y generando un daño irreparable al derecho a obtener la jubilación.
Mencionada normativa es contraria a disposiciones emanadas de la autoridad y jurisdicción nacional, quebrantándose así el principio de subsunción de las normas inferiores en las superiores y demás derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional.
En el caso que nos ocupa el requisito de verosimilitud se encuentra acreditado, ya que el acogimiento a la ley en cuestión se materializaba con el envío del plan de pagos a través del SICAM (Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas) de la página WEB de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), lo que fue hecho en el caso de marras antes del 30/04/2007, es más hay una certeza total del derecho habida cuenta que la Anses ya ha otorgado el beneficio estando vigente la Ley 25994 y luego suspende el mismo, o sea se ha adquirido el derecho al beneficio y luego arbitrariamente se suspende el goce del mismo. En palabras de Bidart Campos, quien dentro de los contenidos del derecho de propiedad alude a los derechos adquiridos e ingresados al patrimonio, considerando que esa calidad de adquirido que tiene un derecho proviene directamente de alguno de los actos jurídicos que le confieren la ley, contrato, acto administrativo, sentencia, etc. y no dependen del hecho material de que un bien esté realmente en posesión de quien titulariza el derecho adquirido. Es en ese sentido que la Corte, en un fallo estipulo que si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay “derecho adquirido”...
En relación al humo del buen derecho (fumus bonis juris) su decisión importa apreciar provisionalmente el mérito de la pretensión, no requiriendo examen de la certeza del derecho. Basta la posibilidad de que éste exista, de que el invocado tenga apariencia de verdadero.
En el caso de autos fumus bonis juris ha sido expresamente reconocido por la propia demandada al otorgar el derecho previsional y luego denegarlo mediante el dictado de la resolución 884/06 que restringe arbitrariamente la posibilidad de acceder al pago en cuotas de la deuda previsional. En resumidas cuentas, basta la posibilidad de que el derecho exista, de que el invocado tenga apariencia de verdadero (Fallo 174/88 Sala B in re CIGOMA SA c/ ESTADO NACIONAL S/ mere declarativa) para la procedencia de la medida cautelar peticionada. Es en este caso que no solo se da la posibilidad de existencia de derecho, sino que al momento de contar la actora con un numero de benefico jubilatorio a su favor, queda por demás de demostrado la existencia del derecho conferido por la Ley 25.994.
Asimismo, es dable destacar, que conforme los argumentos esgrimidos en los puntos precedentes es palmaria la verosimilitud del derecho invocado, toda vez que frente a las circunstancias ut supra apuntadas surge la necesidad de protección de los derechos que podrían ser conculcados.
En el caso de autos no existe duda alguna acerca de los derechos por esta parte invocados, atento a que se encuentran comprendidos entre los parámetros exigidos por la ley 25.994 y, que en la medida cautelar peticionada no ha de exigirse más allá que una seria probabilidad de que el derecho invocado existe. (Conforme los fundamentos vertidos en autos: G., T.A. c/ Ansés y ot. s/ Amparo. Nº 16.241. Juzg. Fed. Nº 1. Rosario. (S. F.).
5.1.2.- Peligro en la demora: Sólo ordenando a la accionada el inmediato cumplimiento de la normativa vigente en materia previsional hasta el dictado de la Resolución 884/06, esto es, el dar efectivo acceso a la actora a su derecho jubilatorio, es posible mantener la vigencia de los derechos y garantías conculcados.
Atento la situación socio-económica y la avanzada edad de la actora –agravado ello por el delicado estado de salud- queda sobradamente manifiesta la imposibilidad de aguardar la resolución definitiva en estas actuaciones, tornándose los perjuicios en la persona de la actora en definitivos e irreparables.
Sólo basta recordar en estos actuados el derecho a una vida digna como así también el carácter alimentario de la prestación jubilatoria que injustamente ha cercenado la ANSES con un accionar ilegitimo y arbitrario.
Conforme lo expresado el peligro en la demora se encuentra harto cumplimentado.
5.1.3.- Irreparabilidad del perjuicio: En consonancia con el significado que posee el peligro en la demora en las cautelares, se halla el requisito que nos ocupa, esto es, el perjuicio irreparable de quien demanda.
En efecto, no resulta necesario expresarle en demasía a V.S. que tratándose la actora de persona de avanzada edad, con magros ingresos y problemas de salud propios de su etapa etaria, la no posibilidad de obtener la jubilación le ha provocado y le provoca un perjuicio irreparable ya que el transcurso del tiempo -solamente- podría acarrearle el no goce de tal beneficio en lo que le queda de vida (pensemos que las posibilidades de vida son mucho menores a las de una persona joven).
Pero más allá de ello, la discriminación a la que ya se hizo alusión ut supra y el carácter alimentario del beneficio que por la presente se solicita y le fue negado, implican de por sí un perjuicio que puede calificarse de irreparable sin lugar a dudas.
La conducta asumida por la demandada tiene una entidad y una trascendencia institucional incluso, suficientes como para que la medida merezca su despacho y el no despacharla acarrearía un perjuicio claramente irreparable, más allá del ya sufrido.
“La medida innovativa presupone la existencia de un riesgo si se demora la prestación de la cautela jurisdiccional. Es decir, que si el órgano judicial no actúa ya –aunque sea de modo provisorio- es muy probable que nunca más pueda hacerlo con eficacia por ello “el peligro en la demora” debe poseer entidad tal que influya en la sentencia o convierta su futura ejecución en ineficaz o imposible, no pudiendo obtenerse la protección por medio de otra medida precautoria y está vinculada con la irreparabilidad del perjuicio” (Cám. CC y L. V. Tuerto, 15/8/91. Cerealera S.G. SRL s/Inconstitucionalidad-Medida Cautelar Innovativa. T. 58, J-195, Rep. Zeus T. 10, pág. 774).
5.1.4.- Contracautela: Ofrecemos como contracautela la caución juratoria, en los términos y con el alcance previsto por el art. 199 del CPCC.
- Antecedentes Jurisprudenciales-
La Jurisprudencia ha otorgado con amplitud las medidas cautelares solicitadas conforme se detalla a continuación:
“Es procedente la medida cautelar solicitada en una acción de amparo, con el fin de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social permita la inscripción de la accionante en el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, pues la naturaleza alimentaria del objeto que se reclama permite tener por acreditada la verosimilitud en el derecho, máxime cuando para ésta no se requiere de una prueba terminante y plena y sólo basta con acreditar que exista el "fumus bonis iuris". (“Lubo, Miriam C. c. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, DIARIO-LA-LEY, LXX~163, 8 - LA LEY, 2006-08-24, Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, sala I, Fecha: 30/06/2006).
- Se constituye el "fumus de bonis iuris" en el derecho de la seguridad social adquirido por el actor -comprometiéndose asimismo su derecho de propiedad-, que torna procedente la medida de no innovar solicitada en el marco de una acción de amparo respecto de su haber jubilatorio, pues de admitirse directamente la reducción prevista por el decreto 896/01, aquél quedaría "prima facie" marginado de la escasa contraprestación económica de su jubilación, en virtud de normas que ostentan una jerarquía inferior al postulado constitucional -art. 31, Constitución Nacional-. (“Caivano, Rolando y otros c. Estado nacional y otra”; LLBA, 2001, 1496 - LA LEY, 2002-A, 567 - DT, 2002-A, 381, Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, 05/10/2001)
- “Corresponde confirmar la resolución que, como medida cautelar en una acción de amparo, ordenó el otorgamiento al amparista de la habilitación provisoria de su vehículo para funcionar como remis, hasta tanto se dicte sentencia definitiva si, la verosimilitud del derecho surge de la falta de razonabilidad en la distinción entre el plazo de "vida útil" previsto para los remises -10 años- y los taxis -12 años-, lo que la tornaría descalificable a tenor de la conocida doctrina según la cual la igualdad ante la ley requiere que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias.” (“Vilas, Oscar M. c. Ciudad de Buenos Aires”, DIARIO-LA-LEY, LXIX~252, 11 - LA LEY, 2006-A, 303,Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, Fecha: 07/07/2005).
- “El carácter alimentario de los derechos lesionados y las circunstancias de precariedad y de necesidad por las que atraviesa el sector pasivo, unido a que el supuesto perjuicio es inminente y responde a una necesidad efectiva y actual, acredita el peligro en la demora que torna procedente la medida de no innovar -solicitada en el marco de una acción de amparo- respecto del haber jubilatorio del actor, con relación a la reducción prevista por el decreto 896/01. (Adla, Bol. 18/2001, p. 4).” (Caivano, Rolando y otros c. Estado nacional y otra, LLBA, 2001, 1496 - LA LEY, 2002-A, 567 - DT, 2002-A, 381. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, 05/10/2001).
- “No obstante la idéntica naturaleza constitucional del derecho de igualdad y no discriminación argüido por la actora en su acción de amparo y del de defensa alegado por el demandado ante la identidad de objeto de la medida cautelar y de la pretensión principal, el tribunal debe inclinarse por el primero, pues de no acogerse la medida cautelar solicitada por la actora -en el caso, que se permita participar en una competencia juntamente con los hombres sin que se efectúe ninguna distinción de sexo- se le ocasionaría a su derecho un agravio de imposible reparación.” (Bella, Elvira I. c. Federación Argentina de Tiro (FAT), LA LEY, 1998-B, 626 - DJ, 1998-2-550., Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D, 26/09/1997)

Concretamente y en referencia a las medidas presentadas por pensionadas para poder jubilarse con el acogimiento a la moratoria se han expedido despachos favorables a las cautelares solicitadas.
Así, en autos “GALLO, TERESA ADELAIDA C/ ANSES Y OT. S/ AMPARO” (Expte. Nº 4181), tramitante por ante el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario, se hizo lugar a la medida cautelar solicitada, y se ordenó al Poder Ejecutivo Nacional y a la ANSES el restablecimiento de la situación legal existente hasta antes del día 25/10/2006 ante la concurrencia de los requisitos previamente verificados.
De igual manera se expidió la justicia federal de Santa Fe en autos caratulados: “URSPRUNG, NELIDA C/ ANSES Y/O P.E.N. S/ AMPARO LEY 16.986 Y MEDIDA CAUTELAR” (Expte. Nº 98/07) en los cuales se dispuso: “... Cabe concluir que Anses mediante la resolución dictada en forma totalmente arbitraria establece un límite temporal para el acceder al beneficio previsional conforme a los términos existentes y dispuestos por el decreto 1479/06 y establece un nuevo requisito para el efectivo goce de aquel que es el pago de los aportes adeudados o de la moratoria ya concretada produciendo así una situación a todas luces inequitativa entre quienes tenían idéntico derecho al dictado”.
“Es claro que dicha norma se excede en los fines y límites dados por el Poder Ejecutivo ya que no prioriza el otorgamiento de jubilaciones a quienes enumera el decreto 1451/06 sino que limita el acceso efectivo de la actora al beneficio al poner como condición el pago de los aportes o moratorias adeudados. Es así que dicha normativa aparece como violatoria no solo del principio de coherencia que debe existir entre las disposiciones legales de menor jerarquía respecto a la que la tienen mayor – art. 31 de C.N. – sino también del derecho igualdad ya que en forma totalmente arbitraria coloca una fecha partir de la cual cambia la situación entre quienes iniciaron o al menos pidieron turnos al 25.10.06 y quienes no lo hicieron”.
“En cuanto al peligro en la demora y teniendo en cuenta que se trata de cuestiones alimentarias lo lleva insito en la petición debiendo por otra parte merituarse que apareciendo tan notoria la verosimilitud del derecho y conforme se expresara anteriormente su acreditación y consecuente apreciación ha de practicarse con menor rigor”.
6.- COMPETENCIA:
V.S. resulta competente atento lo expresamente previsto por el art. 4º de la ley 16.986.
7.- TUTELA JUDICIAL EFECTIVA:
a.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL EFECTO SUSPENSIVO DEL EVENTUAL RECURSO CONTRA LA MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA: Solicitamos que en el supuesto de concesión de la medida, si ésta fuera eventualmente recurrida, el recurso sea concedido solamente con efecto devolutivo, por ser la concesión con efecto suspensivo claramente inconstitucional y por vulnerar –en el caso de que así se decidiera- derecho de la actora. Es indispensable apuntar que “cuando al momento de dictar sentencia se pueda establecer si las normas impugnadas resultan manifiestamente ilegales, el juicio de amparo es el marco adecuado para instrumentar el debate de la inconstitucionalidad. Impedir ese examen y dilatar la decisión sobre temas sustanciales invocando inexistentes o inválidas restricciones procesales implica contrariar las disposiciones legales del juicio de amparo” (CSJN in re: “Peralta, Luis A. y o. C/ EN – Ministerio de economía BCRA del 27/12/1990; JA, Boletín Nº 5718 del 3/4/1991).-
b.- INCONSTITUCIONALIDAD E INAPLICABILIDAD DE LAS RESTRICCIONES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DISPUESTA POR EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 25.453: Asimismo, peticionamos se tenga presente la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley 25.453 en referencia a las medidas cautelares, en razón que una solución contraria vulneraría gravemente derechos y garantías constitucionales, lesionando la tutela judicial efectiva que se brega por esta vía.
8.- EXIMICIÓN PAGO TASA JUSTICIA:
A los presentes actuados corresponde la aplicación de lo previsto por la ley 23.898 art. 13 inc. f); por tanto, solicitamos se exima a la actora del pago de la tasa de justicia.
10.- PRUEBA: A fin de acreditar las alegaciones formuladas en esta presentación, ofrecemos las siguientes pruebas estando a disposición de S.S. los originales cuando así lo requiera.
1) Instrumental:
- Copia D.N.I..
2) Documental:
- Recibo de cobro de la pensión denunciada.
- SICAM.
- Constancia pago primer cuota 14.11.2006
- Constancia del trámite acordado de la ANSES de fecha 19.12.2006.
- - Consulta vía web de la ANSES de fecha 02.06.07 donde en la pantalla de RUB “Beneficio con pago suspendido”.
3) Informativa (subsidiaria): Para el caso de desconocimiento de la documental acompañada solicitamos se libre oficio a las entidades emisoras de las mismas a fin de que reconozcan su autenticidad y para el caso que se oponga a esta modalidad se efectúe el reconocimiento en audiencia que se fijará a tal efecto.
11.- DERECHO:
El caso traído en amparo a V.S. es regido por los arts. 14bis, 17,18, 19, 28, 75 inc. 22 y concordantes de la Constitución Nacional, y Pactos Internacionales. La norma central que rige el planteo es, como se ha referido in extenso en esta presentación, el art. 43 de la CN, reguladora de la acción de amparo, sin perjuicio de la aplicación de la ley 16. 986 en lo pertinente.-
Doctrinariamente se señala que el amparo se erige como una acción de carácter rápido y expedito. No se trata de una acción procesal más sino una de especial trámite atento la urgencia que procede ante la ausencia de una vía judicial más idónea (conf. Augusto M. Morello y Carlos A. Vallefin, “El amparo”, régimen Procesal. 3ª Ed., Librería Editorial Platense S.R.L., La Plata, 1998, p.351/2). Cabe señalar que los premencionados autores sostienen que el nuevo art. 43 de la CN libera al amparo de antiguas ataduras, de manera que las reglas de procedimientos deben plegarse al mismo como adosamiento instrumental, en la medida que sirvan o expresen su funcionalidad (op. Cit. P 383).
Respecto a la presentación contenida en esta pieza, y sin perjuicio de todo lo reseñado ut supra, destacamos que:
- No existe para la actora otro remedio judicial o administrativo que le permita obtener la protección de su derecho en forma satisfactoria.
- La cuestión planteada no requiere mayor debate que el que permite esta acción de amparo.
- La demanda se presenta en tiempo y forma.

12.- CUESTION CONSTITUCIONAL-RESERVA:
Para el hipotético caso que desde ya descartamos, que V.S. no hiciera lugar a la acción promovida en todos sus términos y dado que un pronunciamiento adverso conculcaría derechos y garantías constitucionales -derecho de igualdad, de seguridad social, de propiedad e inalterabilidad de las normas de nuestra Carta Magna- así como la legalidad (art. 19 CN), razonabilidad (art. 28 CN) y jerarquía normativa (art. 31 y 75 inc 22 CN), dejamos planteada desde ya la cuestión constitucional para ocurrir en su oportunidad por ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por vía del Recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la Ley 48.
Por lo demás, el rechazo de las pretensiones articuladas motivaría el dictado de un fallo arbitrario conforme la descripción y contenido indicados por la doctrina de nuestro más alto Tribunal, constituyendo de tal modo, una causal autónoma para acceder a la instancia extraordinaria.

13.- PETITORIO: Por todo lo expuesto de V.S. solicitamos:
1.-Me tenga por presentada, en el carácter invocado y con domicilio constituido a los efectos procesales.
2.-Declare admisible la presente acción de amparo.
3.-Tenga presente la prueba ofrecida y por acompañada la documental que se adjunta.
4.-Tenga por planteada la cuestión constitucional y la reserva de derechos efectuada.
5.-Tenga presente la eximición del pago de tasa de justicia solicitada.
6.-En su oportunidad, previo los trámites de ley, se declare la inconstitucionalidad del decreto 1451/06 y de la resolución nro. 884/06 conforme lo expuesto precedentemente y se haga lugar a la acción de amparo articulada en todos sus términos, ordenándose el restablecimiento de la situación legal existente hasta antes del día 23/10/06, removiéndose todos los obstáculos y las normas que cercenen el derecho de la actora a obtener su jubilación tal como existía y estaba regulado legalmente antes del día 23/10/06, con la correspondiente notificación en forma a la ANSES, con costas.-
7.-Previo a todo trámite se haga lugar a la medida cautelar solicitada, librándose los despachos correspondientes.
Proveer de conformidad.
SERA JUSTICIA.-
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Re: solicito modelo de amparo por dcto 884

Notapor karinaalejandra » Lun Jun 09, 2008 6:29 pm

muchas gracias!!! ya lo copie.-
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Re: solicito modelo de amparo por dcto 884

por Solo Derecho » Mar Sep 23, 2014 1:21 pm

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