Jurisprudencia de Derecho Laboral

Despidos, indemnizaciones, reclamos, sindicatos, consultas y otros temas relacionados con el derecho del trabajo.

Moderador: Moderadores Ramas

Re: Jurisprudencia de Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Jue May 21, 2009 1:07 pm

Partes: Treurnicht Carlos Eduardo c/ Cooperativa de Trabajo Fast Ltda. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 6-feb-2009


Fraude laboral a través de una cooperativa de trabajo.


Sumario:



1.-Corresponde concluir que la demandada funciona como una mera intermediaria proveedora de personal de vigilancia a terceros, por lo que los servicios como vigilador que el actor prestò no fueron la materialización de un acto cooperativo, sino el cumplimiento de una prestación laboral dependiente por la que éste cobró sueldo y no retornos o anticipos de retornos.

2.-Resulta llamativo que el actor tenga que presentar una solicitud de ingreso como socio cooperativo ante una oficina de personal y que dentro de la solicitud debió consignar sus trabajos anteriores a manera de curriculum vital, como si estuviera ante una verdadera posibilidad de obtención de un empleo, cuando lo que en teoría y según sostiene la accionada solo se trató de una simple afiliación a la cooperativa.

3.-Resulta significativo que la cooperativa contrate seguros de vida y accidentes personales a sus supuestos asociados, actitud que bien podría asimilarse a la que tomaría cualquier empleador que brinda servicios de vigilancia a la hora de cubrir su responsabilidad ante eventuales accidentes que pudiera sufrir uno de sus trabajadores.

4.-El simple cumplimiento de los recaudos formales tales como la debida inscripción de la cooperativa ante los órganos correspondientes, el hecho de que ella lleve sus registros conforme a derecho, de que cumpla las normas tributarias destinadas a este tipo de sociedades, de que sus asociados estén inscriptos como autónomos ante los organismos de recaudación y perciban sus ingresos en concepto de anticipo de retorno y de que periódicamente se lleven a cabo asambleas, no resulta suficiente para descartar la posibilidad de que la verdadera naturaleza del vínculo haya sido laboral.

5.-Debe admitirse que, en acciones de simulación como la presente, se aplique la teoría de las cargas dinámicas, ya que existe amplio consenso en cuanto a que a la demandada por simulación no le basta la negativa de los hechos y la afirmación de la realidad del acto que defiende, sino que debe aportar pruebas tendientes a convencer de la honestidad y sinceridad del acto en el que intervino.

6.-Cabe concluir que en el caso no existió una utilización fraudulenta de la cooperativa, pues las pruebas pericial e informativa han dado cuenta de la constitución y funcionamiento regular de la entidad; no se trata de un ente ficticio ni de uno formalmente existente que excedió los fines legales y estatutarios propios de su tipo. (Del voto del Dr. Morando - disidencia)



Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de febrero de 2009, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que rechazó la demanda viene apelada por la parte actora y disconformes por las regulaciones de sus honorarios, los peritos calígrafo y contador. El recurso es improcedente.

Al votar en la causa "Yapaz Barnatan, Noemí Elisa c/ Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires Hospital Italiano y otro s. Despido" (sentencia 33916 del 26.02.07), sostuve que "una cooperativa de trabajo es una sociedad, regulada como las demás de ese tipo por la Ley 20337 . Está constituida por personas físicas, libremente asociadas que trabajan en ella. Como todas las cooperativas su fundamento se encuentra en el interés de determinadas personas en organizar y prestar servicios mediante el propio esfuerzo y la ayuda mutua, y gozar de ellos (cfr. artículo 2º de la Ley 20337). En el caso de las cooperativas de trabajo el servicio social que se ofrece a los asociados consiste en la ocupación. Tal como esta Sala sostuvo desde antiguo, ?la dación de trabajo es el servicio que la cooperativa presta a sus asociados y no existe la posibilidad de considerar el trabajo de éstos como una obligación de terceros, ya que sin ella la cooperativa carecería de objeto' ("Figueroa, Abel David c. Cooperativa de Trabajo SILA Ltda.", sentencia 28662 del 23.02.00). En una cooperativa de trabajo genuina la calidad de socio excluye la de trabajador dependiente (cfr. Sala VI, 21.02.75, "S.D.T.E.F. c. Cooperativa de Trabajo Margarita Xirgú Ltda.", L.T. XXIV, pág. 155; Sala II, 31.05.77, "Salazar, Francisco c. Cooperativa de Trabajo de Vigilancia y Seguridad Ltda." L.T. XXV, p.1041; Sala III, sentencia 39312 del 7.3.80 "Maffeis, Luis María c. Cooperativa de Trabajo de Explotación de Coches Comedores del Ferrocarriles Gral. Urquiza Ltda").

El caso presenta algunas similitudes con el resuelto por esta Cámara mediante sentencia número 27136 del 16.11.98 ("Marini, Patricia c. Indicom S.A."). Se dijo allí, con pertinencia para la presente causa, que el planteo de la actora presentaba una debilidad: la ausencia de toda precisión en la identificación del acto fraudulento que excluiría la aplicación de la regla recién formulada. Tampoco se advierte cual habría sido el perjuicio experimentado por las presuntas víctimas. En la misma causa se dijo que si bien las prestaciones de los socios de la cooperativa de trabajo no se diferencian exteriormente de las que el contrato de trabajo pone a cargo del trabajador - lo que es de la esencia de dichas sociedades-, lo que hace aplicable en cada caso un plexo jurídico diferente es que reconocen causas diversas. Un contrato de trabajo, típicamente patrimonial y de cambio en un caso. Un acto de adhesión a un ente jurídico asociativo en el otro. Recordé en mi voto "no es cuestionable que las cooperativas de trabajo se presten admirablemente para vehicular maniobras fraudulentas y que, cuando se verifica esta situación, el acto asociativo debe caer, las relaciones jurídicas anudadas en su torno, calificadas conforme a su verdadera naturaleza, y los autores del fraude, ser responsabilizados por los daños que del ilícito hayan resultado para terceros". Lo es, afirmar, prejuiciosamente, que el fraude es la regla.

En el caso, las pruebas pericial e informativa han dado cuenta de la constitución y funcionamiento regular de la Cooperativa. No se trata de un ente ficticio ni de uno formalmente existente que excedió los fines legales y estatutarios propios de su tipo. Evidentemente, para prescindir de ella era necesario afirmar una cosa o la otra, y, en cualquiera de los casos carecería de sentido condenarla.En el primero, porque ello equivaldría a imputar una obligación a una mera apariencia, y en el segundo, porque, en la realidad, los actos realizados bajo la apariencia de actos cooperativos, por definición lesivos y realizados por personas determinadas, de imprescindible identificación, habrían enriquecido indebidamente a sus autores y esa condena los mantendría impunes, al tiempo que agravaría la situación de la sociedad así instrumentada (conf. mi voto en "Nolivo, Adriana Patricia c. Cooperativa de Trabajo Transportes Automotores de Cuyo T.A.C. Ltda.", sentencia 32175 del 26.10.04).

Existen ciertos principios, recogidos por la Ley 20337, que caracterizan a las entidades cooperativas. La libertad de adhesión, la participación en el gobierno de la sociedad por parte de los socios, cada uno de los cuales cuenta con un voto, cualquiera sea el número de sus cuotas sociales, son dos de los más importantes.

En el caso, el actor denunció que ingresó el 06.06.03, es decir, con posterioridad a la fecha en que fue fundada la Cooperativa ( 06.07.92). Las pruebas pericial e informativa (fs. 287/289 , fs. 135/140, fs.125/153) han dado cuenta de su constitución y funcionamiento regular, y por lo tanto, cabe extender las mismas conclusiones del precedente transcripto, esto es, la exclusión de que sea considerado el actor empleado de aquella, lo que conduce a confirmar lo resuelto en grado.

V.- Respecto a la forma en que han sido impuestas las costas, sugiero que sean soportadas por el orden causado y las comunes por mitades, ya que existen diversos criterios jurisprudenciales sobre la materia.

VI.- Las regulaciones de honorarios lucen razonables y no deben ser objeto de corrección (artículos 6°, 7° y 8° ley 21839, 3° D.L.16638/57).

VII.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, propongo se la confirme en todo lo que fue materia de agravios; con costas de alzada al apelante; y se regulen los honorarios los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el . . . % de los que, respectivamente, les fueron regulados en origen (artículos 68 C.P.C.C.N.; 14 de la ley 21.839).-

LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ DIJO:

Disiento respetuosamente con el criterio y la solución adoptada por mi colega preopinante el Dr. Morando.

I.- Las cooperativas regidas por la Ley 20337 son entidades fundadas por el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios (art. 2º ). Las hay de distinta especie, de consumo, de servicios, etc.

Como constituyen un terreno fértil para la concreción de fraude laboral, se ha intentado neutralizar su empleo desviado a través de diferentes instrumentos legales. En la Resolución 784/92 del ANSES, se dispuso que los asociados a las cooperativas de trabajo no revisten la calidad de dependientes de la misma, debiéndose considerarlos como trabajadores autónomos (art. 1°), con la aclaración, del mismo dispositivo, que tal afirmación no obstaba a la apreciación particular de los casos que ofrecieren una razonable duda, sobre la existencia de una relación de trabajo (art. 2°).

También por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 2015/1994 (B. O. 16-11-1994), se dispuso que el Instituto Nacional Acción Cooperativa no autorizaría "a partir de la publicación del presente decreto, el funcionamiento de cooperativas de trabajo que, para el cumplimiento de su objeto social, prevean la contratación de los servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados". En sus considerandos se lee:"en los últimos años han proliferado cooperativas de trabajo que, en violación del fin de ayuda mutua y esfuerzo propio, principios rectores de su naturaleza, actúan en la práctica como agencias de colocaciones, limpieza, seguridad, distribución de correspondencia o empresa de servicios eventuales [.] Que por lo tanto, un tipo asociativo basado en valores trascendentes de solidaridad, es así desvirtuado para aprovechar su estructura formal. Situación ésta que permite obtener ventajas impositivas, eludiendo además las obligaciones para con la seguridad social generándose una evidente competencia desleal respecto de las empresas comerciales que brindan servicios similares".

La ley 25.250 del año 2000 hizo tema de las cooperativas de trabajo en el artículo 4 º y la Ley de Ordenamiento Laboral 25877 de 2004, que abrogó a aquélla, hace lo propio en su artículo 40 que dice: "Los servicios de inspección del trabajo están habilitados para ejercer el contralor de las cooperativas de trabajo a los efectos de verificar el cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social en relación con los trabajadores dependientes a su servicio así como a los socios de ella que se desempeñaren en fraude a la ley laboral.Si durante esas inspecciones se comprobare que se ha incurrido en una desnaturalización de la figura cooperativa con el propósito de sustraerse, total o parcialmente, a la aplicación de la legislación del trabajo denunciarán, sin perjuicio del ejercicio de su facultad de constatar las infracciones a las normas laborales y proceder a su juzgamiento y sanción, esa circunstancia a la autoridad específica de fiscalización pública a los efectos del artículo 101 y concordantes de la Ley Nº 20.337.

Esta Sala ha dicho que quien haya laborado para una cooperativa de trabajo y pretenda la aplicación de las normas laborales, corre con la carga probatoria de acreditar que la entidad incurrió en actos fraudulentos o que abusó de la personalidad otorgada para enmascarar relaciones laborales típicas, vale decir, prestaciones personales bajo relación de dependencia (Sentencia del 23-6-2006, en autos "Gutiérrez, Jorge Javier c. Cooperativa de Trabajo Cazadores Ltda.", publicada en LL Online; en el mismo sentido, CNAT, Sala VI, 27-9-2006, "Zerpa, Gabriel A. c. Cooperativa de Trabajo General Don José de San Martín Li mitada", LL Online).

No obstante, del análisis de las probanzas arrimadas a la causa, considero que no es reprochable una mirada que, en acciones de simulación como la que nos convoca, se aplique la teoría de las cargas dinámicas.Existe amplio consenso en cuanto a que a la demandada por simulación no le basta la negativa de los hechos y la afirmación de la realidad del acto que defiende, sino que debe aportar pruebas tendientes a convencer de la honestidad y sinceridad del acto en el que intervino.

Asimismo, no resulta ocioso recordar que por el principio de la primacía de la realidad, cuyo fin primordial es evitar que el empleador utilice figuras no laborales para abstraerse de la aplicación del derecho del trabajo, el contrato de trabajo es un "contrato-realidad", que prescinde de las formas y hace prevalecer lo que efectivamente acontece, y en caso de discordancia entre lo que ocurra en la práctica y lo que surja de los documentos suscriptos por las partes o acuerdos celebrados entre ellos, se debe dar preferencia a los hechos por sobre la apariencia, la forma o denominación que asignaron éstas al contrato.

Por otro lado, el simple cumplimiento de los recaudos formales tales como la debida inscripción de la cooperativa ante los órganos correspondientes, el hecho de que ella lleve sus registros conforme a derecho, de que cumpla las normas tributarias destinadas a este tipo de sociedades, de que sus asociados estén inscriptos como autónomos ante los organismos de recaudación y perciban sus ingresos en concepto de "anticipo de retorno" y de que periódicamente se lleven a cabo asambleas, no resulta suficiente para descartar la posibilidad de que la verdadera naturaleza del vínculo haya sido laboral. En tales casos la controversia debe ser dilucidada considerando fundamentalmente si el trabajador tuvo efectiva injerencia en la formación de la voluntad mediante su participación en las asambleas que correspondía convocar para tales fines, ya que ésta es una característica esencial del vínculo cooperativo que no halla su correlato en el derecho del trabajo (conf. Sala III en autos "Gonzalez Leandro Ruben c.Pretor Cooperativa de Trabajo Limitada y otro" del 30.06.06).

Desde tal perspectiva de análisis, considero que si bien se encuentra acreditado que la demandada fue autorizada a funcionar como cooperativa, de la prueba aportada resulta evidente la existencia de maniobras al menos poco claras en su funcionamiento.

a) A fs. 15 obra el formulario de "solicitud de ingreso como socio cooperativo" firmado por el actor el 03.06.03. Si observamos bien, dentro del membrete de dicho instrumento se lee "Oficina de Personal" y si continuamos la lectura aún más, además de los datos personales del actor, éste debió consignar sus "Trabajos anteriores". Resulta llamativo que ésta sea presentada ante una oficina de personal y que dentro de la solicitud el actor/aspirante debió consignar sus trabajos anteriores a manera de curriculum vitae como si estuviera ante una verdadera posibilidad de obtención de un empleo, cuando lo que en teoría y según sostiene la accionada solo se trató de una simple afiliación a la cooperativa.

b) A fs. 16 luce el formulario de solicitud de "Seguro de vida colectivo" a Mercantil Andina Seguros de fecha 03.06.03 suscripto por el actor.

A fs. 21 obra el "Certificado Individual de Cobertura" del seguro de vida colectivo (muerte natural o accidental) de Federación Patronal Seguros SA con vigencia a partir del 19.03.04 hasta el 01.03.05, contratado por la demandada, y cuya autenticidad da cuenta el informe enviado por dicha aseguradora y que luce a fs. 172/176.

A fs. 178, Mapfre Argentina Seguros de Vida SA, informa que la Cooperativa de Trabajo Fast Ltda contrató un seguro de accidentes personales para el actor cuya póliza estuvo vigente desde el 27.02.04 al 27.02.05, la cual fue renovada hasta el 27.02.06.Finalmente se dio de baja el 15.10.05.

Resulta significativo que la cooperativa contrate seguros de vida y accidentes personales a sus supuestos asociados, actitud que bien podría asimilarse a la que tomaría cualquier empleador que brinda servicios de vigilancia a la hora de cubrir su responsabilidad ante eventuales accidentes que pudiera sufrir uno de sus trabajadores. La demandada tampoco explica por qué contrató tal cobertura para Treurnicht.

c) La pericia contable de fs. 287 sólo se limita a verificar que la cooperativa está constituida regularmente. También menciona que lleva los libros en correcta forma, pero al contestar los puntos referidos a las sumas percibidas por el actor, sólo hace referencia a que no se exhibió el libro de remuneraciones del art. 52 LCT. En este sentido, el experto describe en forma suscinta de qué manera el actor suscribió e integró el capital social total, pero sólo informa que se extendieron recibos mensuales por los importes entregados a Treurnicht en concepto de "retiro mensual a cuenta de resultados" omitiendo dar precisiones de tal afirmación, es decir el detalle de los montos consignados en dichos recibos, o a lo sumo acompañar copias de los mismos. Tampoco informa acerca de los asientos de pago de retornos a todos los socios en el libro Diario, por lo que no es posible verificar si se reúnen los requisitos establecidos por el artículo 43 del Código de Comercio en cuanto a la posibilidad de cada socio de tener una adecuada información del giro a su favor.En este sentido, la demandada tampoco pretendió acreditar que la cooperativa tuvo ganancias para devolver lo que a cada socio correspondía, a la luz de la defensa montada en relación a los mencionados "anticipos de retorno". También omite demostrar contablemente su capitalización y su grado de crecimiento económico correspondiente al periodo reclamado.

A mayor abundamiento, resulta indiferente el hecho de que el actor estuviese inscripto ante la AFIP como monotributista lo que es irrelevante cuando se está ante una relación dependiente enmascarada bajo una estructura legal simulada, cooperativa en este caso.

La demandada tampoco aportó prueba alguna que permita contemplar la posibilidad de que el actor haya tenido participación como socio de la cooperativa.

En suma y a mi modo de ver, existen suficientes elementos de juicio indicativos de que hubo simulación absoluta e ilícita (artículos 955, 956 y 957 del Código Civil); que fue encubierta una relación laboral bajo la apariencia de una relación asociativa (ley 20.337 ), con el fin de sustraerse a las leyes laborales. Pienso que la demandada funciona como una mera intermediaria proveedora de personal de vigilancia a terceros. Así, que los servicios como vigilador que el señor Treurnicht prestó en la Afip Suc.Paseo Colón 635 3º piso, no fue la materialización de un acto cooperativo sino el cumplimiento de una prestación laboral dependiente por lo que éste cobró sueldo y no retornos o anticipos de retornos.

En consecuencia, y por todo lo antes dicho, considero que no hubo acto cooperativo sino prestación de servicios dependientes que debieron conducirse con ajuste a la legislación laboral y como la demandada negó la existencia del vínculo, la denuncia del contrato formulada por el trabajador fue ajustada a derecho (artículo 242 Ley 20.744), por lo que corresponde hacer lugar a la demanda.

II.- Para el cálculo de la indemnización, tomaré como base la remuneración denunciada por el actor ($650.-) dado que la misma luce acorde con las escalas salariales vigentes durante la relación de trabajo (v. fs. 259 - CCT 421/05 ). De esta manera, corresponde hacer lugar a las siguientes partidas: a) antigüedad: $ 1.950.-; b) Preaviso con Sac: $ 704,16.-; c) Sac 03', 04' y prop. 05': $ 1.762,12.-; d) salario agosto 05': $ 650; e) salario prop. septiembre 05' (16 días) + integración: $ 650.-; f) Vacaciones prop. 05': $ 364.-; g) art. 1º Ley 25323: $1950.-; y h) art. 2º Ley 25323: $ 1.625.- (ambos incrementos recalculados dado que la demanda lo hace erróneamente), total: $9.655,28.- , suma a la que accederán intereses desde que cada suma es debida, conforme los parámetros establecidos en la Resolución 8/02 de la CNAT.

III.- No haré lugar a: a) las vacaciones por los periodos 2003 y 2004 en tanto las mismas no son compensables en dinero en virtud de su finalidad sanitaria (art 162 LCT) y tampoco el actor denunció haber tenido algún impedimento para el goce de las mismas (art. 156 LCT); b) las diferencias salariales, en tanto la remuneración que denuncia el actor como que hubiera sido la correcta fue la vigente durante el tiempo de la relación de trabajo (conf. escalas salariales de fs.259); c) las horas extras, dado la falta de precisión del reclamo, en tanto el actor no especificó el origen de las mismas ni tampoco detalló la cantidad exacta que dice haber cumplido (art. 65 Ley 18345); y d) la indemnización del art. 45 de la Ley 25345, en tanto el actor no cumplió con el recaudo establecido en el art. 3º del Dec. Reglamentario nº 146/03.

IV.- Las costas del proceso serán impuestas a la demandada vencida (art. 68 CPCCN).-

V.- Por todo lo expuesto, corresponde: 1) se modifique la sentencia apelada, se haga lugar a la demanda y se condene a Cooperativa de Trabajo Fast Ltda a abonar al actor la suma de $ 9655,28.- más los intereses que correrán desde que cada suma es debida y conforme lo establecido por la Res. 8/02 de la CNAT; 2) se impongan las costas del proceso a la demandada vencida; 3) se regulen los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada -por la total actuación en la causa- y de los peritos contador y calígrafo en $ . . . -; $. . . . , $. . . . y $. . . .-(arts. 6,7 y 8 Ley 21839 y Dec. 16638/57 ).

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:

Adhiero al voto de la Doctora Gabriela A.Vázquez.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Modificar la sentencia ap elada y hacer lugar a la demanda y condenar a Cooperativa de Trabajo Fast Ltda a abonar al actor la suma de $ 9655,28.-

2) Imponer las costas del proceso a la demandada vencida;

3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada -por la total actuación en la causa- y de los peritos contador y calígrafo en $ . . . .-; $. . . ., $. . . y $. . . .

- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

JUAN CARLOS E. MORANDO. JUEZ DE CAMARA.

GABRIELA A. VAZQUEZ. JUEZ DE CAMARA.

LUIS ALBERTO CATARDO. JUEZ DE CAMARA.

Ante mí:

ALICIA E. MESERI. SECRETARIA.
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Re: Jurisprudencia de Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Mié May 27, 2009 8:58 am

La Justicia reconoció el stress laboral causado por el corralito
La Sala Décima de la Cámara laboral hizo lugar al reclamo de indemnización por despido de una empleada contra el Banco HSBC, deberán abonarle 85.955 pesos.

Un tribunal reconoció el “stress laboral” generado por el corralito financiero de finales de 2001 y principios de 2002, en el marco de un juicio por despido indirecto de una trabajadora de un banco privado.

La Sala Décima de la Cámara laboral, con las firmas de los jueces Mario Fera y Alvaro Balestrini, hizo lugar al reclamo de indemnización por despido de una empleada contra el HSBC Bank.

Si bien el fallo toma en consideración otras cuestiones, estrictamente vinculadas con las tareas y remuneraciones que percibía la trabajadora que se consideró despedida, dedica varios párrafos a la situación especial derivada del “corralito”.

En ese sentido, los jueces sostuvieron que “la situación de stress laboral que se denunció en la demanda como factor generador del daño resulta fehacientemente acreditada” por declaraciones de testigos que mencionaron la existencia de un “plan de contingencias" elaborado por el banco para afrontar la crítica situación, según publica la agencia DyN.

“Surgió a fines del 2001, esto fue por el famoso corralito, había que abrir cuentas a lo loco, se trabajaba doce horas, con gente que nos insultaban, nos trataba de estafadores, fue una locura. Que este plan se extendió todo diciembre de 2001, y del 2002 hasta mayo fue caótico", recordaron los testigos.

Esa situación incidió en la salud de la trabajadora: “se ahogaba, como un ataque de asma, no podía respirar, inclusive vinieron y la medicaron, y le dijeron que fuera a un médico para un tratamiento, que esto ocurrió varias veces, esto antes nunca le había pasado cuando era vendedora, que esto lo sabe porque la dicente llamaba a la ambulancia y yo era la que tenía que firmar...teníamos que cumplir todos los objetivos, que eran bastante altos, que sino se cumplían esos objetivos la sucursal bajaba de categoría, nosotros teníamos una calificación anual individual, donde eso también influía”.

”La presión era terrible por eso había que ir a la calle a buscar clientes, rastrillar, llamar” la calificación era importante porque, si bien en ese momento se habían suspendido los créditos hipotecarios, todos los créditos si uno tenía buena calificación se lo otorgan, además la gratificación anual iba sobre la calificación anual, si uno tenía calificación cuatro, estaba al pie del despido", señalaron los testigos.

En ese escenario, la empleada “recibía visitas de abogados, escribanos, de clientes mucho más nerviosos que en condiciones normales, la actora hacía la contención como primera barrera",explica el fallo.

Los testigos dijeron que buena parte de los trabajadores tuvieron “ataques o malestares, algunos de pánico, otros de bronca, otros de asma, descompensaciones, ese contexto era normal y habitual, creo que todos tenían algún tranquilizante al alcance de la mano. El cuadro de asma bronquial que padece la actora que la incapacita en forma permanente por el 15% se puede desencadenar por el stress y, en caso de estar instalado el cuadro asmático, el stress lo puede agravar”.

Acreditada una exigencia laboral desmedida a partir de la fijación de objetivos de dificultoso acceso, como así también el exceso de horas extras, se verifican los extremos necesarios para el progreso de la acción, resume el fallo. En la sumatoria de todos los rubros, la empleada accedió a una indemnización de $85.955,18 más intereses.

Fuente: Infobae Profesional.
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Re: Jurisprudencia de Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Sab Jun 13, 2009 8:55 pm

PARA LA AFILIACIÓN A UNA ENTIDAD SINDICAL. Inexistencia. ACUERDO DE ADECUACIÓN DE NORMAS DEL CCT 18/75 AL PERSONAL TRASLADADO DEL EX BANCO SOCIAL A LA LOTERÍA. Solicitud de renuncia individual y expresa a cualquier tipo de reclamos o controversias judiciales o extrajudiciales. Interpretación. RECURSO DE APELACIÓN. Procedencia. Necesidad de identificación, clara y concreta, y descripción de la conducta empresaria constitutiva de la práctica desleal que se sanciona


El caso: La parte demandada -Lotería de Córdoba S.E.- interpuso recurso de apelación en contra de la resolución del Juez de Conciliación que admitió la demanda por práctica desleal deducida por una entidad gremial -Unión de Empleados de Lotería, Casinos, Bingos y Juegos de Azar- y por su Secretario General y le impuso una multa de pesos $ 10.000. La demanda también fue deducida en contra de la Asociación Bancaria pero luego desistida en su contra. El apelante expresa que la sentencia recurrida contiene una serie de vicios en el razonamiento, como así también una aparente fundamentación basada en percepciones parciales de los elementos introducidos como prueba. Por otra parte, acota que el fallo atacado se contradice cuando en su análisis advierte que la norma exige una clara y concreta identificación y descripción de la conducta empresaria, pero luego de tal aseveración no concluye de modo coherente su razonamiento, cuando condena a la Lotería de la Provincia de Córdoba por la realización de las conductas descriptas en los incs. “b”, “d”, “e”, “g” e “i” de la ley 23551, sin siquiera explicitar de modo claro y concreto cuáles han sido las prácticas que encastran en los moldes previstos legalmente. Más aún, agrega, la contradicción surge evidente cuando la resolución afirma que tiene por configurada una conducta que no fue demandada por la Unión actora, ni tampoco surge de las pruebas rendidas, cual es la que se refiere el inc. “i” del ordenamiento de que se trata. Que ello es así ya que su parte no ha despedido, suspendido ni modificado las condiciones de trabajo de ningún representante sindical. En definitiva se agravia porque el fallo asienta su condena considerando que la Lotería de la Provincia de Córdoba pretendió favorecer a la Asociación Bancaria para que sus dependientes se afiliaran a dicha entidad sindical, lo cual no es cierto ya que ninguno de los deponentes corroboraron tal aserto. Y afirma que: 1°) Su parte actuó conforme a derecho, por un lado obligada por la resolución emanada del Juzgado de 3ª Conciliación de esta ciudad que homologó el acuerdo judicial a que hace referencia la actora, y por el otro compelida a resolver la situación laboral de la totalidad de sus dependientes, en el sentido de haber sido forzada a aplicar el CCT 18/75 a los actores reclamantes, y establecer dicho régimen para el resto de sus trabajadores que permanentemente le reclamaron dicha aplicación. 2°) La Lotería de la Provincia de Córdoba se encontraba en una situación límite con respecto al constante reclamo laboral de la totalidad de su personal para recuperar el status convencional que ostentaban en el desaparecido Banco Social de Córdoba. 3°) La mayoría absoluta de la Lotería de la Provincia de Córdoba anheló siempre la vuelta del régimen convencional aludido, habiendo obtenido sustanciosas mejoras salariales con la implementación de los acuerdos obrantes en autos. 4°) La actuación de su parte ha sido plenamente convalidada mediante la Resolución Nº 465 de la Sra. Secretaria de Trabajo de la Nación. Para una mayor comprensión del caso cabe agregar que oportunamente más de un centenar de dependientes de la accionada demandaron diferencias de haberes y la aplicación del CCT 18/75, reclamos que fueron acumulados en “Viberti Carlos Sebastián c/ Lotería de Córdoba S.E. - Ordinario - Haberes y sus acumulados - Apelación en Ordinarios - Expte. 21061/37”. Y que luego esos trabajadores salvo el actor Medina - Secretario General de la Unión actora y también actor en estos autos-, llegaron a un acuerdo homologado el 03/07/07 por el que se acordó la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/75 a todos los actores a partir de esa homologación judicial. En ese acuerdo se estableció un plazo de 90 días para adecuar esa medida y los actores desistieron de la acción y el derecho a reclamar las diferencias salariales pretendidas y las eventualmente devengadas hasta la readecuación del encuadramiento laboral de convenio. Los trabajadores ratificaron el acuerdo, salvo el actor Medina. La Sala de la Cámara de Trabajo interviniente -por mayoría- admitió el recurso de apelación y en consecuencia rechazó la querella por práctica desleal.


1. A los fines de resolver la apelación es menester ineludible analizar si los agravios que desarrolla el recurrente son una derivación de la resolución impugnada, toda vez que la competencia que posee el Tribunal de apelación es solamente dentro de los límites del mismo (art. 90, LPT), habida cuenta que la segunda instancia, no constituye un nuevo juicio, sino que su objeto consiste en verificar, sobre la base de la resolución impugnada y en los límites de los agravios formulados, el acierto o error de lo resuelto por el a quo. Bajo esas premisas y tratándose de un recurso de apelación la expresión de agravios debe estar correctamente fundamentada, es decir, que la crítica dirigida al pronunciamiento impugnado debe ser concreta, en la inteligencia que quien se agravia debe seleccionar del fundamento del Sentenciante los argumentos que constituyan el eje dirimente configurante de la base lógica de la decisión adoptada. En consecuencia, debe existir una discrepancia “crítica”, habida cuenta que la mera expresión de disconformidad con la interpretación realizada por el juzgador, sin fundamentar acabadamente los motivos de la oposición o sin brindar las bases jurídicas para el sostenimiento de un punto de vista distinto, no constituye una verdadera crítica concreta y razonada, ya que no se trata simplemente de disentir, sino de efectuar una censura conteste con el agravio que se dice ocasionado. (Del voto del Dr. Bornancini)


2. Para aplicar una sanción por práctica desleal el hecho que la origine debe estar fehacientemente tipificado, es decir que no es posible basarse en meras definiciones ni citas doctrinarias, sino que atento el carácter taxativo que tienen los once incisos del artículo 53 de la ley 23551 deben ser observados en todos sus términos y sin analogías de naturaleza alguna. Ello así, por cuanto estos ilícitos como frecuentemente se denominan las prácticas desleales, en cuanto son pasibles de sanciones de carácter penal administrativo (multas) no pueden apartarse del principio general “nulla poena sine lege”. (Del voto del Dr. Bornancini)


3. Se advierte en primer término la violación de la doctrina actos propios en que incurrió el actor, si éste en su demanda y no obstante ser al momento de promoverla el Secretario General de la entidad gremial accionante, afirma en forma indubitable que considera vigente el CCT 18/75 (bancario) y tan es así que plantea la inconstitucionalidad de la Resolución del Directorio de fecha 06/05/98 de la Lotería de Córdoba S.E., para el supuesto que el referido CCT hubiese sido excluido por la misma. Esta actitud del actor, pues no debe olvidarse que inicia la querella en su doble carácter: personal y como Secretario General del sindicato accionante, debió haber motivado un análisis del a quo, habida cuenta que si el mismo accionó en contra de su empleadora solicitando la aplicación del convenio bancario, mal puede después ni a título personal ni como autoridad sindical pretender desconocer lo que antes había solicitado, toda vez que de admitirse este criterio, carecería de fundamento objetivo la voluntad antes expresada y solo lo tendría la subjetividad: “mi voluntad, mi conveniencia”, que no siempre se ajusta a parámetros propios de la buena fe. (Del voto del Dr. Bornancini)


4. Esta situación, no puede ser desvirtuada de manera alguna, por el hecho de que el actor a título personal no ratificase el acuerdo celebrado en la Sala Primera y que posteriormente fue homologado por el Juzgado de Conciliación de Tercera Nominación, pues el accionante ninguna explicación brinda al respecto y por lo tanto cae dentro de su órbita personal, pero ello no le acuerda ningún tipo de autoridad jurídica para sostener que ese convenio homologado judicialmente pueda ser el detonante de una práctica desleal para favorecer a otra entidad gremial, que casualmente es la suscriptora del CCT al cual quería acogerse el actor. Ese acuerdo, al ser homologado judicialmente se convirtió en ley para las partes, y por lo tanto la demandada debía ineludiblemente cumplirlo en todos sus términos, y lo que es más aún debía necesariamente acordar con la Asociación Bancaria los términos operativos del mismo (cfr. cláusulas segunda y cuarta). (Del voto del Dr. Bornancini)


5. El encuadramiento sindical es una disputa de representatividad, la cual consiste en dilucidar cuál es la entidad gremial apta para representar a los trabajadores de acuerdo con el alcance de la personería gremial que cada una de ellas posea. Si la Unión de Empleados de Lotería, Casinos, Bingos y Juegos de Azar de la Provincia de Córdoba, no tiene personería gremial, mal puede existir una cuestión de encuadramiento sindical, la que por otra parte no puede ser resuelta por la Justicia Provincial del Trabajo, ya que tiene un procedimiento específico reglado por la ley 23551. (Del voto del Dr. Bornancini)


6. El encuadramiento convencional consiste en establecer si un determinado sector o grupo de trabajadores está comprendido en el ámbito personal o profesional de un convenio colectivo de trabajo. Mal podría existir un conflicto intersindical si una de las partes -la accionante- no tiene personería gremial, sino que lisa y llanamente se trató de encuadrar convencionalmente los empleados de la Lotería de Córdoba S.E., que habían sido transferidos desde el ex Banco Social, ámbito laboral en el que tenía plena vigencia el CCT 18/75. (Del voto del Dr. Bornancini)


7. Que la Resolución N° 1473/07 del Directorio de la demandada haya condicionado la aplicación del CCT 18/75 a la renuncia de cualquier tipo de reclamo por diferencias salariales, no es nada más ni nada menos que el reflejo del acuerdo celebrado ante la Sala Primera y después homologado por el Juzgado de Conciliación de Tercera Nominación, pues si ese acuerdo adquirió el carácter de cosa juzgada, es obvio que el mismo debe ser acatado en todos sus términos, incluida la formación de una comisión negociadora para adaptar el CCT en cuestión a la relación laboral de sus dependientes, caso contrario incurriría en un claro incumplimiento del mismo. (Del voto del Dr. Bornancini)


8. El acuerdo celebrado por la demandada con la Asociación Bancaria, no fue ni espureo ni carente de razonabilidad, ni mucho menos aún adolece de vicios de representatividad si la autoridad administrativa del trabajo mediante la Resolución N° 465/2008 de 29/04/08 suscripta por la Secretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, homologó el referido acuerdo salarial, es decir que quien tiene la potestad para verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales que hacen a una negociación salarial, no encontró vicios de ninguna naturaleza, caso contrario no hubiese adoptado dicha decisión. Esta resolución es un hecho público y notorio, pues bien sabido es que son publicadas conforme lo establecido por la legislación aplicable al caso, y por lo tanto mal puede ser soslayada o ignorada. (Del voto del Dr. Bornancini)


9. No existe una intervención o interferencia en la constitución, funcionamiento o administración de un ente sindical (inc. b) del art. 53) si no se advierte que la querellada con su conducta hubiere favorecido a la Asociación Bancaria en desmedro de la querellante. Ello así, pues la accionada solamente se limitó a cumplir lo acordado en sede judicial, es decir que no efectuó actos atentatorios contra la libertad sindical, toda vez que fueron los propios accionantes con sus demandas, incluido el actor, y que culminaron en el ya reiterado acuerdo, quienes solicitaban la plena vigencia del CCT 18/75 (bancario). (Del voto del Dr. Bornancini)


10. Respecto del inc. d) del art. 53, que sanciona el hecho de promover o auspiciar la afiliación de trabajadores a determinada asociación sindical, tal situación no ha quedado de manera alguna acreditada en la causa, si se confunde el requerimiento de la firma de un acuerdo salarial en virtud de lo acordado judicialmente con la de promover una afiliación al sindicato bancario, lo cual, como es obvio, son cuestiones total y absolutamente distintas. (Del voto del Dr. Bornancini)


11. En relación al inc. e) del art. 53, es decir adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su participación en actividades sindicales, esa conducta no fue fundamentada de manera alguna por la querellante si de la lectura de su libelo introductorio solamente se advierte una mera disquisición teórica y nada pero nada más, y por lo tanto no puede ser objeto de sanción alguna, ya que carece de un requisito de procedencia, que no es más ni menos que la falta de descripción de la conducta punible. (Del voto del Dr. Bornancini)


12. Respecto del inc. g) del artículo 53, es decir despedir o modificar las condiciones de trabajo de su personal, con el fin de impedir o dificultar el ejercicio de los derechos a que se refiere la ley 23551, cabe señalar que el fundamento dado por el querellante en tal sentido, al manifestar en su demanda que: “...los trabajadores que no firman la adhesión a una entidad sindical que la patronal propone quedan sin percibir los aumentos como es mi caso...”, no ha sido de manera alguna probado en la causa si ninguna adhesión a entidad sindical se les requirió sino que la adhesión solicitada lo fue para el acuerdo salarial, y nada pero nada más. (Del voto del Dr. Bornancini)


13. No resulta reprochable que un representante de la demandada y/o un funcionario de la autoridad de aplicación fueran en forma conjunta con un representante sindical a tomar contacto con trabajadores porque ello es práctica habitual y necesaria en situaciones de conflicto y frente a la necesidad de acuerdos individuales y colectivos para arribar a un acuerdo convencional. (Del voto del Dr. Arese)


14. Las advertencias de parte de las testimoniales (contradicha por otra parte de los testigos) acerca de la posibilidad de inaplicabilidad del CCT 18/75 a quienes no prestaran acuerdo pudo interpretarse como una presión. Pero también como una advertencia acerca de que el complejo proceso de transición dado durante 2007 hasta la aplicación del CCT requería de consensos individuales y colectivos sobre los juicios y los acuerdos y, si no se lograban, podían resentirse, dilatarse o navegar el proceso en marcha. Pero de hecho, ese proceso concluyó con la aplicación generalizada del CCT 18/75. De tal forma, estos comportamientos de la demandada no indican que haya interferido en la constitución, funcionamiento o administración de la actora según el art. 53 inc. b de la LAS. (Del voto del Dr. Arese)


15. No puede concluirse que se haya despedido, suspendido o modificado condiciones de trabajo del personal, con el fin de impedir o dificultar el ejercicio de los derechos a que se refiere la ley, según el art. 53, inc. g, de la LAS si las condiciones de trabajo se iban modificando mediante la aplicación del mencionado CCT 18/75 para futuro, en respuesta a sus demandas y en su beneficio. (Del voto del Dr. Arese)


16. No se evidencia que la empleadora haya practicado trato discriminatorio, cualquiera sea su forma, en razón del ejercicio de los derechos sindicales tutelados por el régimen según se describe en el art. 53, inc. j, de la LAS si existió un proceso de aplicación del CCT que requería de consensos que aparentemente algunos trabajadores no prestaron no obstante que la implantación de este CCT era un anhelo de todo el personal. (Del voto del Dr. Arese)


17. La homologación del CCT 18/75 por parte del MTESS le dio, como era obvio, un carácter de “acuerdo marco” y “sin perjuicio del derecho individual de los trabajadores”, según dice su texto, lo que dejaba a salvo los intereses personales. De tal forma, esta actividad de negociación colectiva cuyo acuerdo fue homologado por el MTESS y está en aparente vigencia para beneficio de los trabajadores de la demandada, no merece en este proceso y según las pruebas aportadas, ser objeto de reproche alguno. (Del voto del Dr. Arese)


18. Si se ha probado que a varios trabajadores no afiliados a la Asociación Bancaria se les efectuaron descuentos con destino a esta entidad, lo que luego fue retractado por la demandada, ello indica que la demandada actuó, momentáneamente y sin justificación jurídica, beneficiando económicamente a una entidad sindical. (Del voto del Dr. Arese)


19. La resolución 1473/07 que aprobó el “Acta intención” entre la Asociación Bancaria y la demandada, indica textualmente en sus considerandos: “Que es pertinente a la prosecución del objeto acordado, establecer que los derechos y obligaciones que surjan del encuadramiento sindical de los trabajadores y del Convenio Colectivo de Trabajo que rija la actividad, no tendrá efecto retroactivo, operando sólo para el futuro”. Luego en la parte resolutiva se indica: “3. El encuadramiento sindical se encuentra condicionado a la renuncia individual y expresa del personal a cualquier tipo de reclamos o controversias judiciales y/o extrajudiciales, principales y causas conexas, pendientes o futura, referidas a diferencias salariales o categorización con relación a la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75”. De estos hechos se deduce que, ante la existencia de dos entidades sindicales reconocidas legalmente conforme la LAS en el ámbito de la demandada, aunque con diferente naturaleza jurídica y actuación gremial, la demandada relacionó y condicionó el “encuadramiento sindical” con el acuerdo convencional que se estaba gestando y cerrando. Concretamente, la resolución sostiene y avala el encuadramiento sindical que surge claramente del ente suscriptor del acuerdo, la Asociación Bancaria. Ello resulta lesivo para la Unión de Empleados de Lotería, Casinos, Bingos y Juegos de Azar de la Provincia de Córdoba y el actor individual como depositario de la representación y la actividad de esta entidad, ya que se está señalando, e indirectamente instando, el encuadramiento sindical para el personal hacia la AB, en su detrimento y restándole campo de representación. Esas conductas, ratificadas por los descuentos practicados unilateralmente por la demandada luego retractados, significan promover o auspiciar la afiliación de trabajadores a una determinada asociación y encuadran en el art. 53, inc. d, de la LAS. Es antijurídica y contraria a derecho porque afecta a los derechos a la libertad sindical y asociativa de la actora reconocidos en los arts. 1 a 9, 53 inc. d, y conc. de la LAS; el art. 14 bis, primer párrafo, de la CN, los Conv. 87 y 98 de la OIT ratificados por Argentina e integrativos del derecho supralegal según el art. 75 inc. 22 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que garantizan la libertad asociacional y han sido incorporados a nuestra CN conforme su art. 75 inc. 22. (Del voto del Dr. Arese)


20. Es de remarcar que la libertad sindical constituye una garantía y un principio fundacional del sistema laboral universal por haber sido insertado y sostenido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde su constitución, pasando por la puesta en vigencia de los conv. 87 y 98, el establecimiento del órgano de control especial, el Comité de Libertad Sindical, hasta su incorporación a la “Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo” de 1998. Finalmente, debe acotarse que esos actos administrativos fueron dispuestos de manera consciente y voluntaria, ya que se trata de una resolución administrativa del directorio de la demandada dictada en pleno uso de las facultades legales y proveniente de un órgano que expresa la voluntad del ente jurídico de existencia ideal. (Del voto del Dr. Arese)


21. La Resolución 1473/07 afecta a los trabajadores que han resuelto no ingresar a la asociación sindical que suscribió el acuerdo, a los trabajadores que puedan pretender ejercer la libertad de formar otro sindicato por indicarse e inducirse un encuadramiento sindical específico y aun a los trabajadores que han decidido no ingresar a ninguna entidad. (Del voto del Dr. Arese)


22. En lo referente a la sanción a aplicar, corresponde la prevista en el art. 55 de la LAS. Esta norma remite a la ley 18694 la que a su vez fue derogada por ley 25212 (Anexo II, Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales, art. 15, inc. 1). La primera ley otorgaba a la autoridad de aplicación capacidad para graduar la aplicación de sanciones (art. 8) en tanto que la segunda establece el sistema de infracciones y sanciones laborales. En ese sentido, la conducta de la demandada encuadra en el art. 3 de la ley 25212 cuando se refiere a las infracciones graves: “... g) Toda otra violación o ejercicio abusivo de la normativa laboral no tipificada expresamente en esta ley, establecida para proteger los derechos del trabajador, para garantizar el ejercicio del poder de policía del trabajo y para evitar a los empleadores la competencia desleal derivada de tales violaciones o conductas abusivas”. En virtud de que las sanciones previstas para esta infracción según el art. 5, inc. 2, y las facultades de graduación otorgadas por el art. 9 de la ley 25212, debe tomarse en cuenta que no existe un número determinable de trabajadores afectados, aunque sí aparecen constancias del número de trabajadores de la demandada responsable del ilícito contravencional. Sobre la base de esos parámetros, es que se propone una multa de $ 10.000. Se opina que debe comunicarse esta resolución al MTESS y la OIT a sus efectos. No procede en cambio el pedido de aplicación del art. 55, inc. 2, porque la conducta condenada se ha consumado totalmente. (Del voto del Dr. Arese)


Sala 7ª Laboral Cba., A.I. de febrero de 2009, “Unión de Empleados de Lotería, Casinos, Bingos y Juegos de Azar c/ Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. - Procedimiento sumario - Querella por práctica desleal - Apelación en no ordinarios - Expte Nº 78835/37”.


Fuente: Actualidad Jurídica
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Re: Jurisprudencia de Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Jue Jun 18, 2009 6:00 am

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. FUTBOLISTA PROFESIONAL. OMISIÓN DEL CLUB DE COMUNICAR LA PRÓRROGA DEL CONTRATO. EFECTOS: despido incausado (art. 6, CCT 430/75). INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y OMISIÓN DE PREAVISO. Procedencia. Imposibilidad de asimilación con un contrato a plazo fijo


El caso: El actor demandó a un club de fútbol reclamando el pago de las indemnizaciones por antigüedad y por omisión de preaviso. Manifestó que integró los planteles profesionales del Club Atlético Belgrano, en virtud de que la accionada oportunamente le remitiera telegrama, ofreciéndole suscribir su primer contrato como futbolista profesional, conformándose a partir de dicha misiva una relación laboral al amparo del art. 11 del CCT 430/75. Posteriormente se formalizó un contrato de trabajo en los términos del art. 1 de la ley 20160 y el art. 8 del CCT 430/75, fijándose un derecho a prórroga unilateral a favor del club por tres veces por períodos de un año. Dicha opción fue ejercitada por la demandada, suscribiéndose un nuevo contrato por el término de un año el día 15 de junio de 2005, con vigencia hasta el día 30 de junio de 2006 y correspondiendo a la temporada futbolística 2005/2006. Que antes de la finalización de este último contrato el órgano fiduciario, avalando el informe técnico de la gerenciadora, le solicitó autorización al Juez de la Quiebra de la accionada para no prorrogar su contrato, en razón de no haber alcanzado, según dicho informe técnico, el nivel profesional esperado, lo que fue resuelto favorablemente por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 7ª Nominación, implicando en la práctica su cesantía. Destacó que el art. 6 del CCT 430/75 prevé que en el supuesto de que el club no comunicara al jugador que hace uso de la opción a prórroga, el contrato quedará resuelto con derecho indemnizatorio a favor del jugador cesado. La accionada al contestar la demanda solicitó su rechazo y afirmó que todos los jugadores dejados libres fueron convocados por el Club para cobrar los haberes adeudados conjuntamente con la liquidación final y que los mismos no concurrieron a cobrar. Sostuvo la improcedencia del reclamo respecto de las indemnizaciones por despido afirmando que desde la creación del CCT 430/75 no se ha interpuesto ni judicial ni extrajudicialmente acción alguna persiguiendo el cobro de estas indemnizaciones. Expresa que Córdoba es la única ciudad donde se reclama el pago de estas sumas de dinero, ya que Futbolistas Argentinos Agremiados conoce a la perfección el grave perjuicio que ello le ocasionaría a los clubes de fútbol del país, ya que si todos los futbolistas a los que no se les renovara el contrato ante el no ejercicio del derecho de prórroga iniciaran acciones tendientes al cobro de indemnizaciones por despido se produciría el quiebre generalizado de toda la actividad. Afirmó que el contrato de trabajo del futbolista profesional es atípico o especial en atención a la limitación temporal de la vida útil del deportista y el valor que en el “mercado de pases” adquieren sus servicios profesionales. Que en razón de ello es que surgen expresiones tales como “derechos federativos” y “derechos económicos” en las transferencias de pases. Señala que los derechos federativos constituyen la potestad que posee determinado futbolista para desempeñarse como tal en un club de fútbol, mediante la inscripción respectiva en los registros de la Asociación del Fútbol Argentino o en la liga federada que corresponda. Expresa que los mismos pueden ser objeto de diversas relaciones contractuales entre las cuales está incluida su cesión. Destaca que la titularidad de dichos derechos puede ser del propio jugador o bien del club de fútbol que lo cede. Señala que los derechos económicos guardan una íntima relación con los derechos federativos y que cuando un club como el demandado celebra un contrato de trabajo con un futbolista profesional adquiere los derechos federativos y económicos, lo que en la práctica implica la potestad jurídica de ceder y/o transferir los servicios del jugador a otro club en forma onerosa, cuya cuantía dependerá de las condiciones del futbolista y del mercado en general, siendo el club el que se beneficia económicamente con el traspaso de su empleado. Por el contrario, cuando el futbolista no renueva su contrato con el club con el cual se desempeña laboralmente, “recupera su pase”, siendo él quien en definitiva podrá usufructuar los beneficios pecuniarios de una posible transferencia. Manifestó que en este caso las indemnizaciones reclamadas se originan con motivo de una omisión del empleador que sólo produce beneficios para el propio trabajador, ya que a partir de ese momento, el futbolista pasa a ser dueño de su pase. Expresa que en última instancia la relación laboral mantenida con el actor se desenvolvió bajo la modalidad de contrato de trabajo a plazo fijo, con características propias que lo diferencian de las restantes contrataciones regidas por la Ley de Contrato de Trabajo. La Sala de la Cámara del Trabajo interviniente admitió la demanda.


1. El art. 6 del CCT 430/75 dispone: “Prórroga de contratos: El club que resuelva prorrogar el contrato, deberá comunicarlo al futbolista por telegrama colacionado dentro de los veinte días corridos posteriores al último partido oficial del campeonato organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, que ese club hubiese disputado; la copia oficial del telegrama deberá ser depositada en la Asociación del Fútbol Argentino, dentro de los diez días hábiles siguientes a su remisión, juntamente con la nómina de futbolistas cuyos contratos no se prorroguen y que deben ser declarados en libertad de contratación. Esta nómina deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino dentro de los diez días hábiles de su presentación. Si el club no comunicara al futbolista antes de la fecha indicada, la prórroga del contrato, éste quedará automáticamente rescindido al 31 de diciembre, con derecho del futbolista a las indemnizaciones por antigüedad y en su caso por omisión de preaviso, establecidas por la ley 20.744, salvo que mediare rescisión anterior de común acuerdo. Para poder ejercer este derecho de prórroga el club deberá acordar al futbolista un aumento del 15% de sueldo correspondiente al último mes del año anterior...”.


2. La norma del art. 6 es clara; la falta de comunicación por parte del club de la decisión de prorrogar la contratación tiene los mismos efectos que el despido incausado (salvo acuerdo conjunto de rescisión) y las consecuencias indemnizatorias establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo. Por tanto, si no existe constancia alguna de comunicación al actor de la decisión de la demandada de proceder a no prorrogar su contrato como futbolista profesional, ni lógicamente tampoco se ha cumplido con la obligación formal de comunicación al ente rector del fútbol argentino, ello determina la activación de la norma convencional con las consecuencias indemnizatorias allí fijadas.

3. No resulta posible equipararlo con el supuesto de contratación a plazo fijo previsto en el art. 93, pero aún si se admitiera aquella hipótesis, la falta de comunicación del preaviso (a que habría que equiparar la falta de comunicación de la decisión de no prorrogar el contrato profesional) lo transforma en un contrato de trabajo por tiempo indeterminado y si esto es así, la consecuencia indemnizatoria sigue siendo la misma.


4. Tampoco es viable esa equiparación a las consecuencias indemnizatorias del contrato a plazo fijo, pues en tal caso, cumplido el contrato no hay obligación de abonar preaviso alguno, si el mismo ha sido otorgado, mientras que en este caso si no se prorroga el contrato expresamente la norma convencional admite (según la fecha en que operó la extinción contractual por falta de comunicación de la decisión de prorrogar) el derecho al reclamo por la indemnización sustitutiva del preaviso omitido, lo que sería incompatible con el supuesto previsto en el art. 250 de la LCT.


5. Los supuestos beneficios económicos que se derivan para el jugador por el hecho de ser poseedor de su pase son meramente teóricos, máxime en un futbolista que recién se inicia. Pero, a más de ello, el art. 6 del CCT 430/75 es una norma protectoria del trabajador como tantas otras que integran el plexo del Derecho Laboral.


6. Cuando se trata de un futbolista cuyo sueldo no alcanzaba a la época de su contratación al doble del salario mínimo, vital y móvil, es decir no nos encontramos en presencia de sumas siderales, sino con valores ajustados a los de cualquier otro trabajador en el mercado de trabajo argentino; la pretensión de la demandada de que como ahora tiene libertad de contratación no se le irroga ningún perjuicio, sino por el contrario eventuales beneficios, es como si se sostuviera que un trabajador despedido de manera incausada no tiene ningún daño patrimonial por la posibilidad de obtener un empleo mejor remunerado el día posterior a su distracto.


7. La esencia de las indemnizaciones tarifadas consisten en la falta de necesidad de demostración de perjuicio ocurrido, para ello el daño está previamente tasado por el legislador. Basta que se dé el elemento generador del derecho indemnizatorio para que ésta se torne operativa. Y en autos estamos justamente en presencia de una norma de suficiente claridad al respecto. Si el club opta por realizar contratos anuales, la convención colectiva así lo faculta y si decide incluir en el contrato el derecho a prórroga (lo que no es necesario, sino facultativo) sabe que debe atenerse a las consecuencias indemnizatorias en caso de no hacer uso de las mismas. De lo contrario, nada obligaba a incluir dicha disposición que es en puro beneficio del club.


8. La remisión al texto de la ley de contrato de trabajo es claro y contundente y así también lo dispone el art. 17 del CCT cuando señala el derecho indemnizatorio del jugador cuya contrato se extinguiera por culpa del club, teniendo derecho a percibir las remuneraciones por el período contractual faltante, a más de las indemnizaciones por antigüedad y por omisión de preaviso.


9. El hecho de que no se inicien juicios por esta causal, a más de no estar corroborado de manera alguna en el proceso (todo lo contrario si el demandante ha acompañado constancias en fotocopias de dos causas similares con resolución favorable al trabajador futbolista) en nada obliga al Sentenciante que tiene la obligación de aplicar la ley.


10. Si la demandada decidió no prorrogar el contrato de trabajo del actor, consecuentemente debe estar a las consecuencias patrimoniales de tal determinación. Si la prórroga genera beneficios exclusivos para el club, tal como que puede ceder o transferir al jugador, cuyo pase se encuentra en su poder, en forma onerosa o sin cargo (como ocurrió con la cesión del actor por parte del club demandado al Club Defensa y Justicia), la no utilización del derecho de prórroga le ocasiona la consecuencia indemnizatoria establecida en la norma.


Sala 10ª Laboral Cba., Sent. del 08/02/2009, “Fernández Damián Ezequiel c/ Club Atlético Belgrano y otros - Ordinario Despido - Expte. Nº 56558/37”.
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Re: Jurisprudencia de Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Mié Jun 24, 2009 8:46 pm

Un mail obsceno es causal de despido
La Cámara de Apelaciones del Trabajo decidió confirmar una sentencia en la que una persona fue despedida por justa causa tras haber enviado un mail obsceno a su secretaria. Para los jueces, “la falta cometida por quien revestía en un cargo jerárquico y era líder de un equipo de trabajo, y que, como tal, debió no solo cumplir sino también hacer cumplir los lineamientos y las normas internas de la empresa”.

María García Margalejo y Oscar Zas, camaristas de la Sala V de la Cámara Laboral actuaron en la causa caratulada “C. M. J. c/ Price Waterhouse & Co. S.R.L. s/ despido”, que se inició producto del despido de una persona que envió a su secretaría un mail obsceno.

El juez de primera instancia rechazó el pedido de indemnización por despido pues consideró justificada la decisión de la empresa. “El contenido del archivo adjunto del e-mail enviado por el actor a su secretaria Señorita R., (…) calificado por ésta al brindar su testimonio a fs. 240/244 como ‘grotesco y de mal gusto’ se trata de una foto de carácter obsceno que sin lugar a dudas debió provocar en quien lo recibiera los sentimientos que claramente expone en la declaración aludida afectando su dignidad personal”.

El magistrado descartó “la justificación pretendida por el actor de que fuera enviado con un ánimo de chanza o diversión”. Explicó que “no podemos obviar el carácter de personal jerárquico que revestía el actor por sus funciones (gerente) a quien mucho más debe exigírsele el trato decoroso y de respeto para con sus subordinados y esta responsabilidad en ningún momento debió abandonarla”.

La Cámara avaló el actuar del magistrado de grado y lo calificó de conciso y preciso y remarcó que “la justa causa o injuria es un motivo legal de denuncia consistente en el incumplimiento grave de deberes contractuales propios de la relación de trabajo (deberes de prestación o conducta)”.

Los magistrados se negaron a describir el mail objeto de prueba y explicaron que “por un lado el mínimo respeto al acto que se está emitiendo -e incluso razones estéticas- torna prudente omitir aquella descripción, y por otro no es necesario efectuarla: del mismo modo que (por ejemplo) cuando un juez considera abonada una remuneración a partir de lo que surge de un recibo no necesita transcribir todo el texto del contenido del recibo en su sentencia sino solo consignar la foja en que se halla anejado para que las partes y sus letrados puedan corroborarlo”.

El tribunal confirmó la sentencia emitida coincidiendo en que “la medida adoptada por la accionada resultó ciertamente proporcionada a la falta cometida por quien revestía en un cargo jerárquico y era líder de un equipo de trabajo, y que, como tal, debió no solo cumplir sino también hacer cumplir los lineamientos y las normas internas de la empresa”.

Fuente: Diario Judicial.
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Re: Jurisprudencia de Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Mié Jun 24, 2009 8:47 pm

Llamar "explotador" al jefe es causal de despido justificado
La Justicia rechazó el reclamo de un empleado que fue cesanteado sin derecho a una indemnización por insultar a sus empleadores al llamarlos “estafadores”.

La Cámara laboral rechazó el reclamo de un trabajador que fue despedido con causa (sin derecho a una indemnización) cuando, preso de un rapto de furia, denunció a los gritos que sus jefes eran estafadores y explotadores, además de insultarlos con gruesos epítetos.

La Sala V del tribunal, con las firmas de los jueces Oscar Zas y María García Margalejo, confirmó así el despido dispuesto por la Droguería Progen contra uno de sus empleados, a raíz de los hechos ocurridos el 16 de noviembre de 2006.

Ese día, según el telegrama de despido, el trabajador ofuscado procedió a alterar el establecimiento negándose injustificadamente a cumplir con sus tareas en el depósito e incitando a sus compañeros a imitarlo en su accionar creando un clima de alboroto y turbando la disciplina imperante, según informó la agencia DyN.

Los testigos que declararon en la causa explicaron así lo ocurrido: el empleado fue al call center gritando e insultando a la empresa y a su jefe directo, quejándose de la explotación.

"Fueron insultos muy fuertes que expresaban que en la empresa lo explotaban", dijeron los testigos.

El exaltado trabajador se refería a uno de sus jefes con insultos y arengaba a sus compañeros: "Cómo pueden seguir acá?".

Los camaristas consideraron que el empleado se negó, de hecho, a cumplir sus tareas, ya que no prestó servicios durante un importante lapso durante el cual, además, agredió verbalmente acompañeros y superiores.

La referida actitud del empleado constituyó un grave incumplimiento contractual que, unido a su escasa antigüedad allí, justificó la decisión rescisoria adoptada por la empresa, resumió el fallo.

Los jueces también descartaron el horario laboral de once horas denunciado por el despedido, que la empresa redujo a sólo cinco al contestar la demanda.

Fuente: Infobae Profesional.
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Re: Jurisprudencia de Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Mar Jul 07, 2009 10:04 am

IUS VARIANDI. Cambio de horario. UTILIZACIÓN DE LA ACCIÓN PARA RESTABLECER LAS CONDICIONES ANTERIORES DE TRABAJO (art. 66, LCT -modif. por ley 28066-). Alcance. DESPIDO CON JUSTA CAUSA. Improcedencia. Inexistencia de injuria. ABSOLUCIÓN DE POSICIONES. Valoración. Pautas. PROTECCIÓN DEL MATRIMONIO (art. 181, LCT). Despido dispuesto durante el período de protección. INDEMNIZACIÓN AGRAVADA (art. 182 ib). Procedencia. LEGISLACIÓN DE EMERGENCIA (art. 16, ley 25561). Rubros alcanzados (art. 4, 2º párrafo, ley 25972). PREAVISO. Naturaleza jurídica. Precisiones


El caso: La trabajadora inició formal demanda en contra de la empresa de transporte para la que prestó servicios como boletera y luego como administrativa -Cat. 1ª, CCT Nº 241/75-. Manifestó que en razón de un arbitrario cambio de horarios, el empleador ejerció de manera abusiva el ius variandi, por lo que interpuso demanda en los términos del art. 66 de la LCT, reformado por la ley 26088, persiguiendo el mantenimiento de su horario primigenio. Que, seguidamente, fue notificada notarialmente del despido con expresión de causa -actitud de mala fe y deslealtad al haber peticionado injustamente por la vía judicial un cambio de horario en la jornada laboral-. Cuestionó la disolución por arbitraria, pues ejercer un derecho regular previsto en la ley no puede considerarse como un acto de mala fe o deslealtad. Entendió que el despido fue incausado y por ello reclamó las indemnizaciones que de aquél derivan, las de los arts. 1 y 2 de la ley 25323, debido a su deficiente registración y dilación injustificada en el pago de las indemnizaciones y el incremento del art. 16 de la ley 25561. Por otra parte, postula que el despido se produjo a 21 días de su matrimonio, el que fue debidamente comunicado. Ya en sede judicial la demandada negó la fecha de ingreso de la actora y afirmó que fue despedida con justa causa. Que la trabajadora promovió demanda judicial sin acudir previamente a ninguna instancia conciliatoria, sólo cursó un emplazamiento que fue contestado negativamente y que los hechos motivantes eran anteriores a la entrada en vigencia de la ley 26088. Que además, invocó ser estudiante del 3er año de psicología en la UNC y que el cambio de horario le impedía el cursado pero adjuntó un certificado donde consta que es alumna regular sin mención de sus horarios de clases. Y agregó que dicha carrera tiene 3 horarios de cursado -mañana, tarde y noche- y que las clases teóricas -no obligatorias- y prácticas -obligatorias- se dictan en todos los turnos. Finalmente, advirtió que el despido no tuvo relación alguna con el matrimonio de la actora. La Sala de la Cámara del Trabajo entendió injustificado el despido e hizo lugar parcialmente a la demanda.

1. En cuanto al agravio de la demandada, invocado para despedir a la actora, la fecha de vigencia de la ley 26088 y el comienzo de sus estudios, ya vigente el contrato de trabajo, constituyen de por sí hechos objetivos que no implican por sí mismos injuria alguna. En todo caso, la legitimidad del fundamento jurídico de la acción vinculada al art. 66 de la LCT iniciada por la actora, debió ser cuestionada en la instancia procesal oportuna, hecho que omitió la demandada, pero de ningún modo puede considerarse injurioso pretender reestablecer o modificar condiciones del contrato de trabajo por la vía judicial.

2. Haber comenzado estudios universitarios durante la vigencia del contrato de trabajo no agravia los derechos del empleador, máxime si dichos estudios fueron de su pleno conocimiento ya que se desarrollaron durante largo tiempo de vigencia del contrato de trabajo.

3. Respecto de la malicia que se le atribuye a la presentación de un certificado de estudios que no individualiza los horarios en conflicto entre los cumplidos laboralmente y los requeridos por la Universidad, no se advierte de ello ninguna actitud de astucia o agudeza distorsiva de los hechos invocados con los que fundamenta su acción y en donde se precisan con exactitud las causas que motivan su reclamo, por lo que no es maliciosa la incorporación de dicho instrumento, el que no tiene otro objeto que contribuir a la fundamentación del reclamo impetrado.

4. En cuanto a las opciones con que contaba la trabajadora a fin de no interferir con sus estudios la prestación laboral, éstas, más que constituir un motivo de agravio pudieron ser esgrimidas por la demandada como argumento para enervar la acción entablada -art. 66 de la LCT reformada ley 26088-, pero no inferir de ello una invocación injuriosa que afecte el contrato de trabajo.

5. Ninguno de los hechos mencionados adquieren para el sentenciante entidad suficiente que ameriten la disolución del vínculo por culpa de la actora, si según surge de la prueba aportada, solamente se logra demostrar la existencia de una acción judicial iniciada con fundamentos en el art. 66 de la LCT, motivada por la pretensión de modificaciones en el horario de trabajo de la actora, a la que la demandada no ha respondido conforme fuere citada y en la cual tenía la posibilidad de hacer valer los derechos que consideraba le correspondían e ilegitimaban la pretensión.

6. El hecho concreto de la presentación en dicho trámite -art. 66 de la LCT- de un certificado de estudios que a juicio de la demandada carecía de los requisitos y condiciones que hacen al derecho reclamado, de ningún modo permite ser considerado como una actitud de malicia o que de algún modo perjudique los intereses del empleador. Por el contrario, de haber demostrado tal circunstancia en la instancia procesal oportuna, podría con ello enervar la acción entablada, pero inferir que con dicho trámite se afectan condiciones esenciales del contrato de trabajo que impiden su continuidad, es incurrir en un excesivo rigor de interpretación de las condiciones que deben rodear al cumplimiento del contrato de trabajo.

7. El reconocimiento efectuado por la actora en audiencia de vista de la causa al momento de absolver posiciones en cuanto a que su ingresó ocurrió con fecha 01/08/1997 (Pos. 1) en nada modifica la conclusión, si la accionante en demanda expresa claramente haber ingresado en el mes de octubre de 1993 y dicho extremo fue corroborado ampliamente a través de las testimoniales rendidas y, la actora en demanda luego de expresar su fecha de ingreso (octubre de 1993) relata que el 01/08/1997 comenzó a trabajar como administrativa de 1ª categoría, lo cual, no deja de estar en consonancia con lo reconocido al momento de absolver posiciones respecto al punto.

8. Respecto de la indemnización reclamada en función del art. 182 de la LCT, el matrimonio de la trabajadora era de pleno conocimiento de la empresa quién a su vez le otorgó por tal motivo la licencia especial prevista en el art. 158 de la LCT. Si el despido de la actora se produce dentro del plazo de protección previsto en el art. 181 de la LCT, no probada la causa invocada y no existiendo eximentes de responsabilidad que la excluyan ni acreditado un motivo serio y razonable para despedir, resulta acreedora a la indemnización especial.

9. Debe rechazarse la pretensión de la actora de calcular el incremento dispuesto por el art. 16 de la ley 25561 sobre la indemnización sustitutiva por omisión de preaviso por cuanto la ley 25972 en su art. 4°, 2° párrafo, circunscribe la sanción por incumplimiento a la suspensión de los despidos sin causa al agravamiento exclusivamente sobre la indemnización establecida en el art. 245 de la LCT. Y siendo ello así, el Dto. 2014/04 resulta un exceso reglamentario al ir más allá de lo que la norma dispone cuando a más de fijar el porcentaje adicional, tal como estaba facultado el PEN por ley, incorpora rubros que la ley expresamente había limitado al citado art. 245, en contravención con la Constitución Nacional (art. 99 inc. 2) que especialmente le veda tal posibilidad.

10. Resulta indudable que el agravamiento indemnizatorio está referido a la indemnización dispuesta por el art. 245 de la LCT, por cuanto ella está dirigida específicamente a garantizar la estabilidad en el empleo contra el despido arbitrario. No pasa lo mismo, en cambio, con la indemnización sustitutiva del preaviso, que está dirigida a compensar la pérdida de salario del trabajador por el período en que debió ser preavisado.

11. El preaviso no tiene por objeto proteger al trabajador frente al despido arbitrario, ni es tampoco una indemnización, sino, en cambio, la obligación de comunicar dentro de un tiempo razonable la decisión de extinguir unilateralmente el contrato, para dar -en el caso del trabajador- la oportunidad de buscar y obtener un nuevo empleo; lo cual se comprende con total claridad frente a lo dispuesto por el art. 237 de la LCT que establece durante el período del preaviso y a favor del trabajador el goce de una licencia diaria que, indudablemente, apunta a facilitarle la búsqueda de un nuevo empleo. Pero si alguna duda queda respecto a que la indemnización sustitutiva del preaviso no apunta a dar protección frente al despido arbitrario, cabe recordar que la obligación de preavisar pesa sobre las dos partes del contrato de trabajo; esto es, que también pesa sobre el trabajador que está obligado a preavisar a su empleador, no pudiendo caber ninguna duda de que en tal caso no se está ante la protección frente al despido arbitrario.

12. De lo que se trata en el preaviso, pues, es evitar que la ruptura del contrato de trabajo sea intempestiva, debiendo generarse la correspondiente advertencia a la otra parte del contrato, sea que la extinción del mismo haya sido dispuesta por el empleador como por el trabajador. De la naturaleza jurídica así establecida que corresponde al instituto del preaviso, surge de manera indudable que el legislador no lo ha considerado dentro del concepto “la indemnización” utilizado en el art. 16 de la ley 25561.

Sala 4ª Laboral Cba., Sent. Nº 33 del 19/03/2009, “Sosa Gloria Sandra c/ Ciudad de Córdoba S.A.C.I.F. - Ordinario - Despido”.
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Re: Jurisprudencia de Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Mié Ago 12, 2009 12:10 pm

EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO. SUSPENSIÓN DE LOS DESPIDOS SIN CAUSA JUSTIFICADA. PRÓRROGA. SENTENCIA ABSOLUTORIA RECAÍDA EN SEDE PENAL. ALCANCE. SOBRESEIMIENTO. EFECTOS. COSA JUZGADA. SILENCIO DEL TRABAJADOR. CONSENTIMIENTO TÁCITO.



El caso: La parte actora interpuso demanda laboral persiguiendo una suma de dinero en concepto de indemnización por haber sido despedido laboralmente de mala fe, con causas falsas. El demandado niega adeudar las diferencias de haberes reclamadas y justifica el despido en problemas de conducta laboral del trabajador. También se cuestionó la constitucionalidad de los arts. 16 de la ley 25.561 y 4º de la ley 25.972. La Cámara en lo Criminal y Correccional, Civil y Comercial, de Familia y de Trabajo de Deán Funes hizo lugar parcialmente a la demanda condenando al demandado al pago de determinados rubros, rechazando los restantes.





1. Han culminado los avatares en torno a la constitucionalidad de los decretos de prórroga de la ley 25.561 (el Congreso de la Nación en ejercicio de sus atribuciones sancionó la ley 25.972), superándose también el defecto legal de redacción que contenía el agravante indemnizatorio de la primigenia ley. El texto de la ley 25.972 es explícito en tanto ahora solo admite el incremento indemnizatorio derivado de los despidos sin justa causa con relación a la indemnización prevista por el art. 245 de la LCT.



2. Teniendo en cuenta que el objetivo de la sanción impuesta por el art. 16 de la ley 25.561 es ampliar la protección contra el despido arbitrario, agregando obstáculos al régimen de estabilidad impropia que rige en nuestro sistema jurídico (art. 14 bis, CN), y si se ha acreditado que se trató de un despido sin causa decidido por el empleador, corresponde admitir la indemnización por despido incausado, en los términos de la ley 25.561 y su prórroga por art. 1º del decreto 1433/2005 (B.O. 23/11/2005).



3. Si se resolvió sobreseer totalmente a una persona por inexistencia del hecho por el cual es investigado, por un delito que se le atribuía, el cual fue la causal invocada por el accionado como motivo de injuria, esta resolución hace cosa juzgada respecto a la inexistencia del hecho invocado por el demandado como causa para rescindir el vínculo laboral.



4. De no existir el hecho que indica el accionado en su denuncia, jamás puedo válidamente alegarlo como causa para extinguir el vínculo, considerando que se extienden los efectos de la cosa juzgada en materia penal, ya que existe identidad entre los hechos denunciados e investigados y los invocados como basamento de la causal esgrimida por el accionado en oportunidad del despido. Por tanto, debe reputarse injustificado el despido que se sustentó en los mismos hechos que dieron origen a la causa penal en que se dispuso la absolución del trabajador por no haberse acreditado su autoría (art. 1103, CC).



5. La conducta del demandante, de suscribir durante toda la vigencia de la relación laboral recibos de haberes de los que recibía un duplicado sin objetar la categoría profesional en ellos insertada, para solo hacerlo cuando el mismo fenecía, ha importado una aceptación del mismo que en modo alguno ha podido desvirtuarse por otros medios de prueba. Así, si bien es cierto que el silencio del trabajador no puede ser concebido como renuncia a sus derechos, también lo es que tal principio cede a la exigencia de la seguridad jurídica, por una parte, en atención a circunstancias relativas a la persona, y por otra, cuando ha transcurrido un tiempo suficiente para entender que la situación ha sido consentida.



6. Si el accionante reclama un "accidente en acción laboral" sin explicitar la fecha, las circunstancias que rodearon el suceso, las consecuencias dañosas ni el monto de su pretensión, estas deficiencias imposibilitan al Tribunal expedirse en relación con este rubro, resultando procedente, si se interpone, la excepción de falta de acción planteada por el demandado.



Cámara en lo Criminal y Correccional, Civil y Comercial, Familia y del Trabajo de Deán Funes. Sent. 6 del 03/06/2009 - "Gómez, Juan Ricardo c/ Oscar Sergio Canedo - Demanda laboral",



SENTENCIA NÚMERO: Seis.



En la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín, provincia de Córdoba, a tres días del mes de junio del año dos mil nueve, se reúnen a deliberar tras la conclusión del debate, en sesión secreta, los integrantes de la Cámara en lo Criminal y Correccional, Civil y Comercial, Familia y del Trabajo de la Novena Circunscripción Judicial, señores Vocales Horacio Enrique Ruiz, Juan Abraham Elías y la Subrogante Legal señora Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de esta sede judicial Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: "GÓMEZ, Juan Ricardo c/ Oscar Sergio CANEDO - Demanda Laboral", Expte. Letra "G", Nº 2/08.



DE LOS QUE RESULTA:

I) A fs. 2/2 vta. comparece Juan Ricardo Gómez con el patrocinio letrado del Dr. Ángel Prudencio Velázquez, promoviendo demanda laboral en contra de Oscar Sergio Canedo persiguiendo el cobro de la suma de pesos veintiún mil novecientos setenta con ochenta y cinco centavos ($ 21.970,85), conforme la planilla especificativa de rubros y montos que acompaña. Manifiesta que ingresó a trabajar hace 12 años a órdenes del demandado en calidad de puestero en la Estancia Cerro de la Cruz situada en el camino a Orco Suni, departamento Tulumba, distante 12 km de esta ciudad, como personal único que junto con su grupo familiar habitaba día y noche, teniendo a su cargo el "resguardo general del establecimiento rural, recorrido regular y permanente de toda la superficie de la estancia de 2000 has., de 700 a 800 cabezas (de ganado) entre chicos y grandes, la coordinación con el administrador en cuanto a las tareas que superaban su posibilidad de resolverlo personalmente" (el resaltado entre paréntesis me pertenece). El 06 de octubre de 2006 la patronal unilateralmente resolvió prescindir de sus servicios, aduciendo falsamente problemas de conducta laboral y por este motivo reclama la indemnización por antigüedad, preaviso por despido incausado, un accidente que padeció "en acción laboral", vacaciones. "E.T.C." (sic) conforme se especifica en la planilla que adjunta integrando la demanda. Funda su pretensión en las disposiciones de la LCT, la Legislación específica para trabajadores rurales, el principio iura curia novit, la Ley Provincial 7987.

II) En la oportunidad prevista por los arts. 47 y 50 del CPT comparecen: el actor Juan Ricardo Gómez acompañado de su letrado patrocinante Ángel Prudencio Velázquez, y el demandado Oscar Sergio Canedo y su abogado patrocinante Héctor Bertorello. No lográndose el avenimiento de las partes, el impetrante se ratifica en todos y cada uno de los términos de la demanda y de la planilla especificativa de rubros y montos, solicitando se haga lugar a la misma con costas, y el incoado peticiona su rechazo, con costas, por las razones de hecho y de derecho que expone en el memorial que adjunta. En el escrito de responde de fs. 8/14 vta., efectúa una negativa genérica de los hechos y el derecho invocados por el demandante. En particular, niega: la remuneración y la categoría denunciadas y las circunstancias que relata; haya sido falaz la causal invocada, las tareas como puestero y personal único, habitara con su grupo familiar regularmente el establecimiento día y noche; hubiese tenido a su cargo el resguardo general del establecimiento rural y la coordinación con el administrador de tareas; padeciera un accidente durante la prestación laboral; adeudar al actor suma alguna en concepto de rubros indemnizatorios por antigüedad, omisión de preaviso, accidente de trabajo, sanción del art. 16 de la ley 25.561 y diferencias salariales. Reconoce la fecha de ingreso que indica el actor y señala que el día 14 de octubre de 2006 de manera fundada puso fin al vínculo laboral que lo unía con el actor invocando justa causa por desplegar éste una conducta contraria a sus obligaciones como empleado, configurándose una grave injuria que imposibilitó la continuidad de la relación de trabajo. Aduce que el día 06 de octubre de 2006 Gómez amenazó de muerte al encargado del campo, Sr. María Santos Flores, en presencia del personal, ocasionando una gran perturbación al orden del establecimiento y un grave incumplimiento al deber de disciplina y una desobediencia y falta de respeto a un empleado superior con facultades delegadas de dirección y organización de tareas, alterando el orden jerárquico. Enfatiza que con anterioridad el actor tuvo problemas de mal trato y de desobediencia a órdenes directas impartidas por su superior a cargo por las que fue sancionado; amén de sustraerse a sus laborales habituales por encontrarse continuamente alcoholizado, hechos éstos por los cuales se le efectuaron reiterados llamados de atención para evitar este tipo de conductas. El día 02 de octubre de 2006 el Sr. Gómez no concurrió a prestar tareas sin causa o motivo alguno que justificara su inasistencia, contraviniendo el deber genérico de todo "buen trabajador" que es el de guardar buena conducta y cumplimiento diligente con dedicación adecuada al trabajo, según lo prevén los arts. 62, 63 y 84 de la LCT, imposibilitando la continuidad del vínculo laboral, motivo que originó el distracto y fue puesto en conocimiento del actor mediante la escritura pública número sesenta y nueve, sección "B", de fecha 14 de octubre de 2006, labrada por la Escribana Pública Nacional Laura Angélica Taborda. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. Sostiene que el desconocimiento malicioso e insincero por parte del accionante del hecho que motivara la extinción del vínculo demuestra la mala fe y temeridad con la que actúa pretendiendo percibir rubros indemnizatorios improcedentes por cuanto el despido está plenamente justificado, solicitando en consecuencia el rechazo del reclamo, con costas. Impugna el rubro por omisión de preaviso que reclama el actor señala que es con el único fin de obtener un provecho económico indebido por cuanto la Ley 22.248 en razón de las características propias de la actividad no lo contempla y por el contrario prevé para el despido sin justa causa una indemnización de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, más un adicional que varía en función de la antigüedad en el empleo, conforme lo dispuesto por el art. 76 inc. b del mencionado cuerpo legal, y que representa la indemnización sustitutiva por preaviso vigente para los trabajadores regidos por la LCT. Destaca que en la planilla adjunta el accionante no solo reclama el adicional previsto en el art. 76 inc. b) del RNTA, representado por el 10 % de la indemnización por antigüedad, sino que también solicita el pago indebido de dos meses por preaviso. Niega adeudar las diferencias de haberes reclamadas por cuanto el actor figuraba correctamente registrado en la categoría de "peón general", en función de las tareas realizadas y aclara que puso a disposición de Gómez una habitación ubicada dentro del establecimiento rural denominado Cerro de la Cruz, en condiciones adecuadas y suficientes, para que pudiese pernoctar en el campo, sin necesidad de viajar todos los días. No obstante ello, el actor utilizaba esporádicamente la vivienda, y en la última etapa de la relación laboral, esporádicamente se quedaba a dormir. Señala que el actor siempre y en todo momento realizó tareas propias de la categoría de "peón general", conforme surge de los recibos de haberes por él suscriptos y de la documentación laboral correspondiente, por lo que el reclamo de este rubro, también deviene improcedente y debe ser rechazado. Reconoce adeudar los rubros S.A.C. segundo semestre proporcional año 2006 y vacaciones proporcionales año 2006 por un monto inferir al que reclama el actor y que fueron oportunamente puestos a disposición de éste, sin que jamás concurriera a percibirlos. En definitiva, niega adeudar al actor suma alguna en concepto de rubros indemnizatorios y por diferencias de haberes, indemnización por antigüedad, Ant. 10 %, omisión de preaviso, indemnización art. 16 Ley 25.561, accidente que padeció en acción laboral. Sin perjuicio de lo antes expuesto, en forma subsidiaria, impugna los montos y rubros reclamados en la demanda, solicitando el rechazo de la pretensión en todas sus partes con costas. En lo atinente al pago de la indemnización derivada del art. 16 de la Ley 25.561 aduce que no es aplicable al caso por cuanto la sanción procura disuadir los despidos sin causa justificada, situación no dada en autos. Asimismo sostiene que la sanción resulta improcedente pues dicha norma no es de aplicación a los trabajadores comprendidos en el régimen de la Ley 22.248, en virtud de la exclusión establecida en el inc. b, art. 2 LCT. La Ley 25.972 en su artículo cuarto, segundo párrafo, establece que "En caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo Nacional, por sobre la indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias; y por ende, la duplicación de la indemnización prevista en el art. 16 de la Ley 25.561 resulta inaplicable a los trabajadores regidos por la Ley 22.248. La Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, sus decretos reglamentarios y la Ley 25.972 solo hacen referencia a la duplicación de las indemnizaciones previstas en la ley de contrato de trabajo y no a las que surgen de las leyes especiales, convenciones colectivas o estatutos particulares; por tratarse de una sanción, la interpretación de la norma debe ser restrictiva, en aras a salvaguardar las garantías constitucionales. En forma subsidiaria, para el caso de que el Tribunal entendiera que la causal invocada para extinguir el vínculo carece de entidad suficiente y considere de aplicación la Ley 25.561 para los trabajadores agrarios, plantea la inconstitucionalidad del art. 16 de la Ley 25.561 y su modificatoria Ley 25.972 por cuanto su aplicación a los efectos de un contrato de trabajo nacido bajo un régimen legal que no contemplaba una indemnización duplicada de los rubros emergentes de un despido sin causa, implica un medio de coerción inadmisible desde que se le impide a través de un dispositivo legal de aplicación retroactiva el libre y pleno ejercicio de las facultades de dirección, organización y administración de la empresa, agravando de manera desproporcionada la indemnización por despido, conculcando derechos de raigambre constitucional, en especial el derecho de propiedad. Refiere que en el marco de la grave crisis económica sufrida por el país, se dictó la Ley de Emergencia 25.561 y posteriormente su modificatoria 25.972, siendo ambos plexos normativos inconstitucionales por cuanto el Estado so pretexto de desalentar los despidos sin causa justificada y evitar un aumento descontrolado de la desocupación, traslada en forma compulsiva a los empleadores la carga de mantener a su exclusiva costa una fuente de empleo que se torna muy dificultosa teniendo en cuenta la notoria disminución que en general padece la actividad económica y productiva nacional; se traslada el costo de implementar un subsidio por desempleo o algún otro mecanismo paliativo a los empleadores, cuando en realidad la política del Estado debería estar fuerte y decididamente dirigida a generar fuentes de trabajo, y hasta tanto se pueda lograr dicho objetivo afrontar los costos del desempleo con fondos públicos debidamente administrados y correctamente asignados, y no con los menguados y escasos recursos económicos con que hoy cuentan las empresas, la mayoría de las cuales se ven imposibilitadas de hacer frente a los altísimos costos laborales que exceden sus posibilidades económicas actuales. La prohibición de despedir sin causa y el agravamiento de los rubros indemnizatorios en un 50 % para quien así lo disponga, constituye un mecanismo de coerción y se traduce en una violación al derecho de propiedad del empleador inaceptable en nuestro régimen constitucional. Evidentemente no es con dispositivos legales restrictivos ni sancionatorio que se va a evitar que las empresas continúen despidiendo trabajadores y aumentando o al menos impidiendo que disminuya el desempleo que existe actualmente en el país, sino que ese deseado objetivo podrá solamente lograrse a mediano y largo plazo a través de la implementación de políticas y medidas económicas activas que estimulen la producción de bienes y servicios que tiendan a genera un marco de desarrollo y crecimiento estable y sustentable en el tiempo, con reglas claras y seguridad jurídica. Por tal motivo, peticiona la declaración de inconstitucionalidad del art. 16 de la Ley 25.561 y del art. 4 de la Ley 25.972, y consecuentemente el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas. Cabe también agregar, con referencia a este punto, que han culminado ya los avatares en torno a la constitucionalidad de los decretos de prórroga de la Ley 25.561 (el Congreso de la Nación en ejercicio de sus atribuciones sancionó la Ley 25.972), superándose también el defecto legal de redacción que contenía el agravante indemnizatorio de la primigenia ley. El texto de la Ley 25.972 es explicito en tanto ahora solo admite el incremento indemnizatorio derivado de los despidos sin justa causa con relación a la indemnización prevista por el art. 245 de la LCT -en detrimento de la pretensión actora- No existe ya discusión posible en torno a si puede extenderse dicho agravante a otros rubros derivados del despido. La ley 25.972 zanjó definitivamente la cuestión, por lo que, en el hipotético caso de condena por este concepto, solicita sea calculado en el cincuenta por ciento del monto correspondiente al mandado a pagar por la indemnización por antigüedad. También solicita la declaración de inconstitucionalidad del Decreto reglamentario 2014/04 en la medida en que extiende dicho agravante a la indemnización sustitutiva de preaviso, reglamentando en mas de lo que constitucionalmente le cabría. Hace expresa reserva de recurrir por inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el caso de que el Tribunal de sentencia no acoja favorablemente lo solicitado. En cuanto al accidente "en acción laboral" reclamado por el actor opone excepción de defecto legal por resultar inexistente y además al omitir el hecho concreto la demanda resulta confusa y de difícil comprensión, generándole un estado de indefensión que le impide ejercer su derecho de defensa en juicio, soslayando inclusive determinar el importe pretendido. Cita doctrina y jurisprudencia en aval de su postura. Refiere también que en el libelo introductivo se hace referencia a aguinaldo o vacaciones sin indicar a que períodos corresponden al igual que los meses por el que se reclama las diferencias de haberes, impidiéndole ejercer el derecho de defensa. En definitiva, solicita se haga lugar a la excepción de defecto legal opuesta, con costas. Formula reserva del caso federal para el supuesto de un pronunciamiento adverso a las defensas opuestas por cuanto resultarían conculcadas garantías consagradas por la Constitución Nacional, derecho de propiedad (art. 17 CN), derecho de defensa en juicio (art. 18 CN).

III) Abierta a prueba la causa, la parte actora ofrece en el escrito de fs. 56 la siguiente: Confesional. Informativa: de la Comisaría Distrito Villa Tulumba para que informe si se registran actuaciones vinculadas a Juan Ricardo Gómez, DNI 18.477.860 o a Oscar Sergio Canedo, propietario del establecimiento rural Cerro La Cruz, Camino a Orco Suni, departamento Tulumba, como denuncia formulada, actuaciones labradas o investigación de algún supuesto ilícito; en su caso informe el estado procesal y la autoridad interviniente, remitiendo copia certificada de lo actuado. De la Fiscalía de Instrucción con asiento en esta ciudad para que remita copia certificada -si el estado procesal lo permite- de actuaciones labradas con motivo de denuncias formuladas por Oscar Sergio Canedo o personal a su cargo en contra de Juan Ricardo Gómez, aclarándose que los ilícitos denunciados por la patronal habrían ocurrido en Estancia Cerro de la Cruz, Camino a Orco Suni, departamento Tulumba durante los años 2006/2007. A la Obra Social OSPRERA para que informe si ante ese organismo existen constancias que el Afiliado Juan Ricardo Gómez, dependiente de Oscar Sergio Canedo haya requerido los servicios de ese organismo social para una atención en la Clínica Sarmiento de esta ciudad el día 6/10/06, entre las 08:15 y 08:30 Hs.. Del responsable de la Clínica Privada Sarmiento S.R.L. de esta ciudad para que informe si existen constancias de la atención regular del Dr. Ocanto y si el día 6/10/06 el afiliado Juan Ricardo Gómez, trabajador en relación de dependencia de la Estancia Cerro de la Cruz de propiedad de Oscar Sergio Canedo, se hizo presente en ese establecimiento y, eventualmente si fue atendido en ese horario por el profesional antes mencionado. Testimoniales de: Tito Doroteo Bárcena, Guillermo Martínez, María Santos Flores, Juan Carlos Soria y Dr. Javier E. Ocanto. Documental - Instrumental: se requieran ad effectum videndi et probandi las actuaciones labradas con motivo de la Ley de Violencia Familiar radicada por ante el Juzgado Civil, Secretaria a cargo de la Dra. María Elvira Casal de la que tiene participación el Sr. Juan Ricardo Gómez, como denunciado y María Celia Pelliza como denunciante; certificado médico; copia de telegrama; dos recibos de sueldo y certificaciones expedidas por OSPRERA en fotocopia, para ser reservadas en Secretaria. Constancia de autos favorables a su parte. Presunciones Legales. Por su parte, el demandado en el escrito de fs. 49/50vta. ofrece: Documental: Las constancias de autos favorables; Veinticuatro (24) recibos de haberes suscriptos por el actor; Dos (2) Cartas Documentos Nº CD794808305 AR de fecha 30/09/06 y Nº CD 783615729 AR del 25/10/06, ambas remitidas por el demandado al actor; Dos (2) suspensiones aplicadas al actor, junto con sus notificaciones, suscriptas por éste, la primera de fecha 14/04/05 y la segunda de fecha 29/05/06; acompaña original de toda los instrumentos descriptos para ser reservados en secretaria; y en caso de negativa o desconocimiento de contenido y firmas propone pericial caligráfica en subsidio Instrumental: Escritura pública número sesenta y nueve, Sección "B", de fecha 14/10/06, labrada por la Escribana pública Laura Angélica Taborda, en original para reservar en secretaria.. Informativa: de Correo Argentino para que remita copia autenticada de las piezas postales ofrecidas como Documental e informe fechas en que se entregaron y personas que las recibieron; a la Comisaría de la Localidad de Tulumba para que remita copia autenticada de las denuncias y demás actuaciones identificadas con el número 7906 y 7506, ambas de fecha 12 de octubre de 2006, indicando personas que realizaron las denuncias, hechos y demás circunstancias a que refieren dichas actuaciones, lugar de acontecimiento de los sucesos que motivaron las mismas y personas involucradas, con indicación de la participación de cada una de éstas. Asimismo deberán indicar el Tribunal o Fiscal interviniente. A la Comisaría de la ciudad de Deán Funes para que remita copia autenticada de la denuncia y demás actuaciones identificadas con el número 526 de fecha 24 de septiembre de 2006, indicando persona que realizó la denuncia, hechos y demás circunstancias que motivan las mismas, lugar de acontecimiento de los sucesos y personas involucradas, con indicación de la participación de cada una de éstas, y autoridad judicial que interviene. Además informen si en el libro de detenciones se registra el ingreso del Sr. Juan Ricardo Gómez, y en caso afirmativo razones que motivaron la o las aprehensiones, fechas, duración y autoridad policial y/o judicial que la ordenó. Exhorto a la Fiscalía de Instrucción interviniente en las denuncias identificadas con los números 7906 y 7506 formuladas en la Comisaría de la localidad de Tulumba, con fecha 12 de octubre de 2006 para que remita -si la etapa procesal lo permite- copia autenticada de las mismas y demás actuaciones, indicando personas que las realizaron, hechos y demás circunstancias a que refieren dichas actuaciones, lugar de acontecimiento de los sucesos que motivaron las mismas y personas involucradas, con indicación de la participación de cada una de ellas. Al Fiscal de Instrucción y Familia de la ciudad de Deán Funes para que remita -si la etapa procesal lo permite- copia autenticada del sumario y demás actuaciones identificadas con el número 526 de fecha 24 de septiembre de 2006, indicando persona que realizó la denuncia, hechos y demás circunstancias a que refieren las actuaciones, lugar de acontecimiento de los sucesos que las motivaron y personas involucradas, con indicación de la participación de cada una de éstas. Confesional del actor. Testimonial de Sebastián Pelliza, Carlos Pelliza, Gabriel Fernando Gómez, Chichí Martínez, Gabriel García, Laura Angélica Taborda y José Alberto Ferreyra. Diligenciadas las pruebas pertinentes en el Juzgado en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de esta sede judicial, los autos fueron elevados por ante esta Cámara de fuero múltiple.

IV) Integrado el Tribunal con la Titular del Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, se celebra la audiencia de vista de la causa en los términos que registran las actas de fs. 138/139 y 143 de autos, en la primera oportunidad con la presencia del demandante acompañado de su letrado apoderado Dr. Ángel Prudencio Velázquez, y del accionado con su abogado apoderado Dr. Héctor Bertorello y en la segunda con la asistencia de las mismas partes y letrados y la intervención como co-apoderado del demandado del Dr. Marcelo Vivas, queda la causa en condiciones de ser resuelta.



El Tribunal en presencia de la Actuaría se planteó las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Resultan procedentes los rubros y montos reclamados?

SEGUNDA CUESTION: ¿Qué resolución corresponde dictar?



Practicado el sorteo de ley, resultó que los integrantes del Tribunal emiten su voto en el siguiente orden: Horacio Enrique Ruiz, Juan Abraham Elías y la Subrogante Legal Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto.



A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL HORACIO ENRIQUE RUIZ, DIJO:

1) Ante la demanda promovida por el actor reclamando los rubros indemnizatorios provenientes de un despido incausado, el demandado sostiene que la rescisión del contrato resulta ajustada a derecho por la injuria que le provocó la conducta desplegada por aquél el día 06 de octubre de 2006 al amenazar de muerte al encargado del campo Sr. María Santos Flores, en presencia del personal, ocasionando un desorden en el establecimiento y un grave incumplimiento al deber de disciplina por desobediencia y falta de respeto a un empleado superior con facultades delegadas de dirección y organización, alterando el orden jerárquico. Como aspecto preliminar es menester destacar que no es motivo de controversia la existencia de la relación laboral, la fecha de inicio y el ámbito en que se desarrollaron las tareas cumplidas por el actor, empero discrepan en cuanto a la categoría profesional en que se encuadró la vinculación y la existencia de un accidente de trabajo. En orden a ello corresponde analizar en primer lugar la comunicación del distracto. A fs. 43 obra el primer testimonio - Folio Nº 112 - Escritura Número Sesenta y Nueve, Sección "B", de fecha 14 de octubre de 2006 labrada por la Escribana Titular del Registro Notarial Número trescientos treinta y nueve Laura Angélica Taborda, la que da cuenta que a pedido del demandado se constituyó en el campo Cerro de la Cruz, ubicado en camino a San Pedro Norte, Pedanía Inti Huasi, en el Departamento Tulumba, de esta Provincia, a fin de Notificar e Intimar al Señor Juan Ricardo Gómez, D.N.I. 18.477.860 del siguiente texto: "Atento las amenazas de muerte proferidas al encargado María Santos Flores el día 06 de octubre de 2006, en presencia del personal del campo, siendo este hecho reiterado de su parte, sumado a encontrarse continuamente alcoholizado, no prestando sus labores habituales, actitudes de su parte reprochables y que fueran objeto de distintos llamados de atención para que modifique su inconducta sin que hasta el momento lo haya hecho, es más, desde el día 02 de octubre del corriente no concurrió más a prestar tareas, Notifico queda despedido a partir del día de la fecha con justa causa e intimo al desalojo inmediato de una habitación del inmueble mencionado oportunamente entregado en préstamo para vivienda, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales que correspondan. La notaria actuante dejó constancia que luego de darle lectura del contenido del acta, le entregó al actor una copia firmada por ella y el requirente, quedando notificado. De conformidad a lo previsto por el art. 68 del RNTA constituye el fundamento del distracto, de allí que deba analizar si el motivo esgrimido por el empleador configura "justa causa". En oportunidad de la audiencia de vista de causa atestiguaron: 1) Javier Enrique Ocanto, médico cirujano, declaró que conoce al actor con motivo de su profesión por haberlo asistido como paciente en la Clínica Privada Sarmiento S.R.L. de esta ciudad, emitiendo el certificado cuyo original se reserva en Secretaria y fotocopia obra a fs. 51 que le fue exhibido a pedido de la parte actora, cuya firma y contenido reconoció. 2) Tito Doroteo Barcena, comerciante en el rubro gastronómico, declaró que conoció al actor en la Estancia Cerro de la Cruz, camino a Orco Suni, hace cinco o seis años, por cuyo frente transitaba diariamente para abastecerse de cabritos y lechones para su negocio, oportunidad en que también adquiría tunas a los hijos de Gómez y con frecuencia los trasladaba a la escuela de regreso a esta ciudad. El actor limpiaba y recorría el alambrado, arriaba animales. Declaró en la Fiscalía de Instrucción de esta ciudad por una denuncia formulada en contra del actor. 3) María Santos Flores, trabaja como encargado del campo Cerro de la Cruz de propiedad del demandado, donde también se desempeñaba el actor como peón general. Cumplía órdenes que recibía directamente de Canedo y era el encargado de hacerlas ejecutar en el establecimiento; el actor vivía junto a su familia en una habitación que le había facilitado el patrón. Jamás Gómez se desempeñó como encargado del campo, consumía habitualmente bebidas alcohólicas en exceso, era reacio a acatar las órdenes impartidas; a la mañana cuando el testigo llegaba al establecimiento continuaba durmiendo, cree que no lo sancionaron. El día 06 de octubre de 2006 entre las 7:30 hs. y 7:45 hs. fue amenazado verbalmente de muerte por Gómez, en presencia de Sebastián Justo Pelliza, hecho que denunció en sede policial. El campo tiene una extensión de 2000 has., tiene capacidad para 500 animales y para su explotación se necesitan de 2 a 3 personas. 4) Sebastián Justo Pelliza, trabaja en la estancia Cerro de la Cruz como empleado del demandado y es cuñado de Gómez por estar éste casado con una hermana del deponente. Concurre a su lugar de trabajo en compañía de Flores, quien a su vez se desempeña como encargado del establecimiento agropecuario. El actor vivía en el campo con su familia y sus hijos concurrían a la escuela en esta ciudad. Asimismo obra agregada a fs. 98/100 copia certificada por la Fedataria de la Sentencia Número ciento tres dictada por el Sr. Juez de Control, Menores y Faltas de esta ciudad, Dr. José María Smith, en los autos caratulados: "Gómez Juan Ricardo p.s.a. de Amenazas Simples", Expte. Letra "G", Nº 5/2008 para resolver la situación procesal del imputado con motivo del hecho que el Sr. Fiscal de Instrucción fijó de la siguiente manera: "Que el día seis de octubre de dos mil seis, siendo aproximadamente las siete horas, en circunstancias en que María Santos Flores se habría presentado en el predio rural sito en el paraje denominado "Cerro de la Cruz", Dpto. Tulumba, Pcia. de Cba., donde cotidianamente desempeña sus tareas como encargado del establecimiento, en compañía del empleado Sebastián Justo Pelliza, al ingresar a la habitación que funciona como depósito se habría encontrado con el imputado Juan Ricardo Gómez, otro de los empleados, que se hallaba descansando en la cama allí existente y al despertarse el prevenido, sin motivo aparente alguno, le habría manifestado en tono intimidatorio a Flores "te voy a cagar matando" por lo que éste temiendo por su integridad física retiró unos lazos e inmediatamente abandonó el lugar". En este pronunciamiento que se encuentra firme, el citado Magistrado resolvió Sobreseer totalmente a Juan Ricardo Gómez, por inexistencia del hecho investigado, por el delito que se le atribuía, calificado legalmente como Amenazas Simples (arts. 45, 149 bis, 1º párrafo, 1º supuesto del CP), que fue la causal invocada por el accionado como motivo de injuria. Ello así, esta resolución hace cosa juzgada respecto a la inexistencia del hecho invocado por el demandado como causa para rescindir el vínculo, ya que -salvo los dichos del encargado María Santos Flores, denunciante y ofendido en la acción penal- ninguno de los testigos aportó dato alguno relacionado con dicho evento. A mayor abundamiento el médico Dr. Javier Ernesto Ocanto en su testimonio reconoció haber asistido ese día y en ese horario al actor en la Clínica Privada Sarmiento S.R.L. de esta ciudad, emitiendo el certificado cuyo original se reserva en Secretaria y fotocopia obra a fs. 51 de autos, lo que indica claramente la ausencia de Gómez en su lugar de trabajo. Esta sola contingencia, deja sin sustento fáctico a la causal aducida por el demandado, ya que al no existir el hecho que indica en su denuncia, jamás pudo válidamente alegarlo como causa para extinguir el vínculo, considerando que se extiende a la presente los efectos de la cosa juzgada en materia penal, ya que siguiendo la doctrina sentada por el TSJ en autos: "Posseto c/ Centro" (Sentencia 118/93), existe identidad entre los hechos denunciados e investigados y los invocados como basamento de la causal esgrimida por el accionado en oportunidad del despido. Al respecto la jurisprudencia señala que: "Debe reputarse injustificado el despido que se sustentó en los mismos hechos que dieron origen a la causa penal en que se dispuso la absolución del trabajador por no haberse acreditado su autoría (Art. 1103 C.C.)" Autos: Carra Julio Antonio y otro c/ El Rápido S.R.L. - S.C. Bs. As. - 12/10/93. En definitiva, del pronunciamiento judicial sobre el hecho invocado al extinguir el vínculo, se desprende que éste no ha existido conforme las razones dadas, y en consecuencia torna procedente el reclamo indemnizatorio del actor previsto en el dispositivo de los incisos a y b del art. 76 de la Ley 22.248 (texto según Ley 24.013), toda vez que se ha configurado un despido fundado en una causa inexistente, asimilable al incausado. Ante la ruptura del vínculo y en virtud del reclamo actor del pago de vacaciones proporcionales año 2006 y S.A.C. segundo semestre proporcional/2006 corresponde su legítimo abono por no constar en autos la documentación que así lo acredite Develado este tópico de la discusión, corresponde me expida en relación con la categoría profesional en que se desempeñó el actor. Así los testigos María Santos Flores y Sebastián Justo Pelliza fueron contestes en señalar que Gómez realizaba tareas de peón general y que el encargado del establecimiento durante toda la vigencia de la relación laboral fue el Sr. María Santos Flores, aspecto éste reconocido expresamente en la confesional del actor al responder afirmativamente a la posición primera del pliego obrante a fs. 136. Por otra parte, guarda estricta relación con los veintitrés recibos de haberes cuyos originales se reservan en Secretaria y fotocopias obran a fs. 18/40 por el período enero/2005 a agosto/2006, en los que figura como categoría: "peón general". Resulta indudable que la conducta del demandante de suscribir durante toda la vigencia de la relación laboral recibos de haberes de los que recibía un duplicado sin objetar la categoría profesional en ellos insertada, para solo hacerlo cuando el mismo fenecía, ha importado una aceptación del mismo que en modo alguno ha podido desvirtuarse por otros medios de prueba. En este sentido se ha expedido la jurisprudencia: “Si bien es cierto que el silencio del trabajador no puede ser concebido como renuncia a sus derechos, también lo es que tal principio cede a la exigencia de la seguridad jurídica, por una parte, en atención a circunstancias relativas a la persona y por otra, cuando ha transcurrido un tiempo suficiente para entender que la situación ha sido consentida” (CS, Junio 11-1998, Zorzin, Víctor B. c/ Y.P.F. S.A., TySS 98-974). En consecuencia, debo tener por cierto que el actor se desempeñó en la categoría profesional de "peón general" regida por la LNTA, y por tanto deviene improcedente el reclamo por pago de diferencia de haberes por el tiempo de prescripción efectuado por el actor. Indemnización prevista por el art. 16 Ley 25.561: Teniendo en cuenta que el objetivo de la sanción impuesta por la norma es ampliar la protección contra el despido arbitrario, agregando obstáculos al régimen de estabilidad impropia que rige en nuestro sistema jurídico (art. 14 bis CN), y conforme he dado por acreditado en el sub examen se trató de un despido sin causa decidido por el empleador, corresponde admitir la indemnización por despido incausado, en los términos de la Ley 25.561 y su prórroga por art. 1º del Decreto Nº 1433/2005 B.O. 23/11/2005 (Cfr. autos: "Lanata Ángel Alberto c/ Compañía Argentina de Granos S.A. - Haberes, etc. - Recurso de Casación", Sentencia Nº 109 del 01/072008, Sala Laboral TSJ). Por otra parte, el accionante reclama en el escrito de demanda un "accidente en acción laboral" sin explicitar la fecha, las circunstancias que rodearon el suceso, las consecuencias dañosas ni el monto de su pretensión, deficiencias que imposibilitan al Tribunal para expedirse en relación con este rubro, resultando procedente la excepción de falta de acción planteada por el demandado. Asimismo resulta improcedente el rubro preaviso presupuestado en la planilla de fs. 1 por cuanto este instituto es extraño al régimen jurídico del trabajo agrario que rigió la vinculación entre las partes de autos Así voto, destacando que he valorado la totalidad de los elementos probatorios incorporados haciendo mención sólo a aquellos que he considerado dirimentes.



A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL JUAN ABRAHAM ELIAS, DIJO: Adhiero a los fundamentos y conclusiones expresadas por el señor Vocal preopinante, votando en igual sentido.



A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL SUBROGANTE EMMA DEL VALLE MERCADO DE NIETO, DIJO: Comparto los argumentos y conclusiones a las que arriba el señor Vocal primer opinante, votando en idéntico sentido.



A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL HORACIO ENRIQUE RUIZ, DIJO: En virtud de la respuesta dada a la cuestión que antecede, propugno: se acoja parcialmente la demanda incoada por Juan Ricardo Gómez en contra de Oscar Sergio Canedo, por los siguientes rubros y montos: Sueldo Anual Complementario segundo semestre proporcional año 2006 por la suma de pesos Doscientos setenta y nueve con ochenta y nueve centavos ($ 279,89), Vacaciones proporcionales año 2006 (art. 19 inc. a), 22 y 23 del RNTA) por la suma de pesos Seiscientos setenta y uno con setenta y tres centavos ($ 671,73), Indemnización prevista por el art. 76 incs. a) y b) segundo supuesto LNTA (texto según Ley 24.013) por la suma de pesos Doce mil noventa y uno con diez centavos ($12.091,10) e Indemnización del art. 16 de la Ley 25.561 por la suma de pesos Seis mil cuarenta y cinco con cincuenta y cinco centavos ($ 6.045,55) determinada según las pautas establecidas por el art. 1º del Decreto Nº 1433/2005 (B.O. 23/11/2005) atento la fecha en que se extinguió el vínculo. Corresponde el rechazo de los rubros Diferencia de haberes, Preaviso y "accidente en acción laboral". A los montos de los rubros por los que prospera la demanda deberá adicionársele los intereses que se calcularán tomando como base la Tasa Pasiva de Uso Judicial suministrada por el BCRA desde el séptimo día desde la fecha en que he dado por extinguido el vínculo (14/10/2006) hasta el séptimo día anterior a la fecha del efectivo pago, con más el 2 % mensual nominal siguiendo el criterio sustentado por la Sala Laboral del Excmo. T.S.J. en autos: “Hernández Juan Carlos c/ Matriceria Austral S.A. - Demanda - Recurso de casación”, Sentencia Nº 39 del 25/06/2002, los que al día de la fecha ascienden a la suma de pesos Dieciséis mil doscientos cincuenta y cinco con veintitrés centavos ($16.255,23), que sumados al capital totalizan la suma de pesos Treinta y cinco mil trescientos cuarenta y tres con cincuenta centavos ($ 35.343,50)- Atento el resultado del pleito, las costas deben imponerse al demandado (art. 28 de la LPT). Considero igualmente justo fijar los honorarios de los letrados intervinientes en la siguiente forma: doctor Ángel Prudencio Velázquez en la suma de pesos Siete mil novecientos cincuenta y dos con veintinueve centavos ( $ 7.952,29); y los de los doctores Héctor Andrés Bertorello, Tomás Espejo Revol y Marcelo E. Vivas, en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos Dos mil trescientos ochenta y cinco con sesenta y nueve centavos ($ 2.385,69), teniendo en cuenta el valor y eficacia de la defensa, el éxito obtenido, la cuantía del asunto y el tiempo empleado en la solución del litigio, habiéndose tomado como base regulatoria en el primer caso el monto por el cual prospera la demanda y en el segundo el monto de la demanda reducido en un 30 % ambos casos con sus accesorios y sobre ellas se aplicó el porcentaje del 22,50 % (arts. 97, 30, 31, 33, 36, 39, 125 y cc. de la Ley 9459), no correspondiente discriminación del Impuesto al Valor Agregado atento las constancias obrantes a fs. 124/126 y lo dispuesto por el art. 27 de la Ley 9459; y rechazar los rubros Indemnización sustitutiva por omisión de preaviso, Diferencia de haberes y "Accidente en acción laboral". Fijase la Tasa de Justicia en la suma de pesos Setecientos seis con ochenta y siete centavos ($706,87) y los Aportes de la Ley 6468 en la suma de pesos Trescientos cincuenta y tres con cuarenta y tres centavos ($ 353,43) por cada letrado o grupo de letrados intervinientes, debiendo emplazarse al condenado al pago para que en el término de quince días acredite su legítimo abono, bajo apercibimiento de efectuar las comunicaciones de ley. Así voto.



A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL JUAN ABRAHAM ELIAS, DIJO: Adhiero a las conclusiones vertidas por el señor Vocal de primer voto, expidiéndome en igual sentido.



A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL SUBROGANTE DRA. EMMA DEL VALLE MERCADO DE NIETO, DIJO: Comparto las razones expuestas por el señor vocal primer opinante, votando en igual forma.



Por el resultado del acuerdo que antecede, y por unanimidad, el Tribunal,



RESUELVE:

1°) Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por Juan Ricardo GÓMEZ en contra de Oscar Sergio CANEDO, y en consecuencia condenar a éste último a abonar al actor, en el término de cinco días de quedar firme la suma de pesos Diecinueve mil ochenta y ocho con veintisiete centavos ($ 19.088,27) por los rubros: Sueldo Anual Complementario segundo semestre proporcional año 2006, Vacaciones proporcionales año 2006, Indemnización prevista por el art. 76 incs. a) y b) segundo supuesto LNTA (texto según Ley 24.013) e Indemnización del art. 16 de la ley 25.561 según art. 1º del decreto Nº 1433/2005 (B.O. 23/11/2005), con más la suma de Dieciséis mil doscientos cincuenta y cinco con veintitrés centavos ($16.255,23) en concepto de intereses calculados al día de la fecha según las pautas expresadas en la segunda cuestión, que adicionados al capital totalizan la suma de pesos Treinta y cinco mil trescientos cuarenta y tres con cincuenta centavos ($ 35.343,50); y rechazar los restantes rubros reclamados en la demanda y planilla anexa a aquella.

2º) Las costas deben imponerse al demandado (art. 28 de la LPT).

3°) Regular los honorarios profesionales del doctor Ángel Prudencio Velázquez en la suma de pesos Siete mil novecientos cincuenta y dos con veintinueve centavos ($ 7952,29); y los de los doctores Héctor Andrés Bertorello, Tomás Espejo Revol y Marcelo E. Vivas, en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos Dos mil trescientos ochenta y cinco con sesenta y nueve centavos ($ 2385,69), no correspondiendo discriminación de I.V.A. atento las razones dadas en la segunda cuestión.

4°) La Tasa de Justicia se fija en la suma de pesos Setecientos seis con ochenta y siete centavos ($ 706,87) y los Aportes de la Ley 6468 (t.o.) en la suma de pesos Trescientos cincuenta y tres con cuarenta y tres centavos ($ 353,43) por cada letrado o grupo de letrados de partes intervinientes, que deberán ser soportadas por el condenado en costas y emplazarlo para que en el término de quince días de quedar firme la presente sentencia acredite en autos su abono, bajo apercibimientos de efectuar las comunicaciones de ley. Protocolícese y agréguese copia.



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ariel armando
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Re: Jurisprudencia de Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Mié Ago 12, 2009 12:11 pm

TRABAJO AGRARIO (LEY 22248). RELACION DE DEPENDENCIA. EXISTENCIA. FALTA DE CONTESTACION DE LA DEMANDA. CONSECUENCIAS: PRESUNCION DEL ART. 49 DE LA LEY 7987. CONFESIONAL FICTA (ART. 192, CPC). EFECTOS. PRUEBA TESTIMONIAL. RELEVANCIA. DESPIDO INDIRECTO. PROCEDENCIA. INJURIA: AUSENCIA DE REGISTRACION, IMPEDIMENTO A PRESTAR TAREAS, FALTA DE PAGO DE HABERES. ENTIDAD RESCISORIA. INDEMNIZACIONES (ARTS. 67, 68 Y 76, RNTA). PROCEDENCIA. LEY NACIONAL DE EMPLEO. INAPLICABILIDAD A LOS TRABAJADORES AGRARIOS. FALTA DE NOTIFICACION A LA AFIP Y DE RECLAMO DEL ART. 1 DE LA LEY 25323. EFECTOS. INCREMENTO INDEMNIZATORIO (ART. 2, LEY 25323). PROCEDENCIA. OBJETIVO: ASEGURAR LA PERCEPCION EN TIEMPO DE LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO. CRITERIOS DE INTERPRETACION DE LA NORMA (TELEOLOGICO, SISTEMATICO). PRINCIPIOS APLICABLES (IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION, NORMA MAS FAVORABLE, PRO HOMINE Y PROGRESIVIDAD, RAZONABILIDAD). APLICABILIDAD A LOS TRABAJADORES RURALES. LEGISLACION DE EMERGENCIA (ART. 16, LEY 25561). DUPLICACION INDEMNIZATORIA. PROCEDENCIA. CERTIFICACION DE SERVICIOS (ART. 80, LCT). OMISION DE ENTREGA. SANCION (ART. 45, LEY 25345). INAPLICABILIDAD A LOS TRABAJADORES RURALES.*



El caso: La actora inició demanda en contra de dos personas físicas reclamando indemnización por antigüedad, haberes adeudados, art. 8 de la ley 24013, art. 2 de la ley 25323; diferencia de haberes, la indemnización del art. 45 de la ley 23345, asignación por hija menor y la indemnización del inc. b del art. 76 de la ley 22248. Relató que ingresó a trabajar bajo relación de dependencia jurídica, económica y laboral de los demandados en la categoría de Peón, en los establecimientos de su propiedad que ellos explotan de la zona rural de La Para (Pcia. de Córdoba), y de la zona rural de la localidad de Chalacea, realizando todo tipo de trabajo, en especial en época de fumigación, proveyendo los líquidos necesarios, realizando tareas de banderillera e, incluso, ante la enfermedad del maquinista, realizó esa función, cuidando las máquinas, controlando los camiones (sacando la tara y peso neto) cuando se efectuaban la entrega de semillas con amplios conocimientos y capacidad. Agregó que cumplía tareas de 6:00 hs. a 16:00hs., y en forma circunstancial de 14:00hs. a 22:00hs., de lunes a lunes, horario que variaba según la época y necesidades de las tareas, siendo que en temporada de fumigación laboraba también los días sábados y domingos de 6:00hs. a 22:0hs. Que percibía una remuneración mensual por esa categoría de pesos trescientos ($ 300), cifra inferior a la que le correspondía según CCT, sin aportes previsionales, ni sindicales, ni obra social, ni pago de SAC, ni goce de vacaciones, ni asignaciones familiares por su hija menor. Narró las circunstancias en que se produjo el despido indirecto en que debió colocarse debido al impedimento a prestar tareas e incorrecta registración. En oportunidad de la audiencia de conciliación el codemandado compareció negando todos y cada uno de los hechos invocados por la parte actora como fundamento de su demanda. Asimismo manifestó que se encuentra separado de la codemandada desde antes del inicio de la supuesta relación laboral de la actora, fecha a partir de la cual su ex mujer detenta la maquinaria mencionada en el escrito inicial. La codemandada no compareció a la audiencia, aplicándosele los apercibimientos pertinentes. Con posterioridad la actora desistió de la acción y el derecho en contra del codemandado. La Sala de la Cámara del Trabajo interviniente admitió parcialmente el reclamo en contra de la coaccionada ausente.





1. La omisión de contestación de demanda hace surgir la presunción de veracidad de los hechos relatados en ella, conforme lo establecido en al art. 49 de la LPT y la confesión de los hechos afirmados en la demanda según lo establecido en el art. 192 CPC, a lo que se suman las declaraciones testimoniales que indican que la actora prestó servicios en forma personal bajo la dirección de la demandada. De tal forma, aparecen claramente las notas sobre la existencia de una relación laboral, es decir, la prestación de servicios y a favor de quien era el titular de la explotación (arts. 2, 3 y conc., RNTA).



2. Establecida la existencia de un contrato de trabajo, corresponde a la demandada acompañar la documentación relativa a la cancelación de haberes adeudados. Si no hay constancia sobre la registración de la actora y falta la exhibición de la documentación laboral requerida en juicio, ello lleva a tener como ciertos los rubros y montos adeudados por la prestación de tareas de la actora (arts. 122/8, RNTA y 39, RCT).



3. Si la actora tomó la iniciativa de reclamar la regularización del nexo de trabajo y constan en autos las piezas postales remitidas por la actora a la demandada en las que emplazó su regularización laboral, sin que se haya acompañado respuesta de la demandada, se ha establecido la irregularidad registral en que permanecía la actora por lo que ese emplazamiento aparece justificado.



4. Si la actora denunció privación de tareas y falta de pago de haberes, emplazando a la regularización del vínculo laboral, bajo apercibimiento de considerarse en despido indirecto y ante la falta de respuesta, hizo efectivo su despido indirecto, éste resulta igualmente justificado e indica el momento en que deberá tenerse como extinguido el vínculo laboral. Estas afirmaciones quedan probadas mediante la omisión de contestación de demanda que hizo surgir la presunción de veracidad de los hechos relatados en ella, conforme lo establecido en al art. 49 de la LPT y la confesión de los hechos afirmados en la demanda según lo establecido en el art. 192 del CPC. En consecuencia corresponde considerar que la actora denunció justificadamente el contrato de trabajo (arts. 67 y 68, RNTA) y es merecedora de los rubros emergentes del distracto incausado según el art. 76 del RNAT.



5. Aunque la actora intimó la regulación del nexo laboral conforme modalidades y plazos indicados en los arts. 8 y 11 de la ley 24013 y se estableció en autos que no se encontraba regularizada, conforme el art. 1 del dec. 2725/91 y art. 2 de la LCT, los trabajadores agrarios no se encuentran comprendidos en las disposiciones de la LNE.



6. Si no consta que la actora haya cursado notificación a la AFIP según art. 11 de la LNE, hipótesis imprescindible para analizar la procedencia de esa indemnización, deben desestimarse los reclamos por los arts. 8 y 15 de la ley 24013. Tampoco aparece reclamada la indemnización del art. 1 de la ley 25323 cuyo régimen tiene un diferente tratamiento.



7. El agravamiento del art. 2 de la ley 25323 hace referencia a las indemnizaciones de los arts. 231, 233 y 245 de la LCT y no a las del art. 76 del RNAT. El tema ocupó dos plenarios de la CNAT “Casado, Alfredo Aníbal c/ Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. s/ Despido” (5/6/07) y “Iurleo, Diana Laura c. Consorcio de Propietarios del Edificio Luis Sáenz Peña 1195” (10/09/08), ambos resueltos negativamente respecto de la aplicación de aquel dispositivo a los estatutos de periodistas profesionales y a los trabajadores de casa de renta, respectivamente.



8. El recargo previsto en el artículo 2 de la ley 25323 tiene por objetivo asegurar la percepción en tiempo de las indemnizaciones por despido frente a las trasgresiones a las obligaciones legales del empleador. Se trata de perseguir una conducta dañosa con un incremento indemnizatorio. Esta situación de padecimiento y privación alimentaria puede se padecida de idéntica (o peor manera) por un trabajador rural y el resto de los trabajadores. De igual forma, los empleadores de esos sectores, merecen igual tratamiento disvalioso por parte del sistema normativo laboral en caso de incursionar en estas conductas.



9. Si bien existe un régimen general de protección contra el despido incausado de la LCT, el sistema general constitucional de ese amparo, el art. 14 bis. CN, se integra con las previsiones especiales estatutarias. Una interpretación sistemática, indica que no existen fundamentos para diferenciarse en el aseguramiento efectivo de ese amparo y la sanción de conductas contrarias. El RNTA establece un régimen de protección contra el despido de similares características al de índole general referido en la ley 25323.



10. La ley 25323 no se inserta en la LCT sino que constituye una ley posterior general de tratamiento de la irregularidad registral y del incumplimiento con obligaciones indemnizatorias. Es decir, no estuvo inserta en la LCT como ocurrió con la ley 25345 que modificó dos normas especiales de la LCT. Tampoco se indicó formativamente, una exclusión expresa como ocurre con la LNE Nº 24013, según Dec. 2725/91.



11. Según la textualidad del art. 2 de la ley 25323 se diferencia discriminatoriamente a los trabajadores agrarios en materia de protección frente a acciones omisivas del empleador, lo que conspira contra la igualdad, progresividad y protección laboral (arts. 14 bis, 16, 75 inc. 22, CN, en este caso por remisión al PIDESC y el Conv. OIT Nº 111). No existen fundamentos para diferenciar entre trabajadores que resultan perjudicados por iguales situaciones.



12. Se advierte un trato discriminatorio normativo de los trabajadores rurales frente a situaciones perjudiciales idénticas como lo es la falta de pago de remuneraciones y el padecimiento por privación alimentaria que ello supone.



13. Cuando surgen márgenes de duda acerca de la extensión restrictiva de la norma -en el caso art. 2 de la ley 25323-, resulta apropiado acudir a lo establecido en el art. 9 de la LCT y aplicar un criterio más favorable a la protección del trabajador.



14. La CSJN en “Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas” (3/5/07) y “Ruiz, Emilio D. c/ Dirección General Impositiva” (15/5/07) sumó al principio de progresividad, el principio pro homine, pro persona o a favor del hombre con fuente en el DIDH igualmente referidos por “Aquino” y “Milone” y al que entiende como “connatural” con los documentos normativos supranacionales incorporados al derecho interno por vía del art. 75, inc. 22, de la CN. Ambos principios, según la CS, determinan que el intérprete deba escoger dentro de lo que la norma posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana. Y esta pauta se impone aun con mayor intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión alguna del derecho humano así interpretado, con otros valores, principios, atribuciones o derechos constitucionales.



15. El principio pro homine impone que, en lugar de asumirse la interpretación restrictiva e impedir el derecho a la efectiva tutela jurisdiccional, se opte por aquella que posibilite a los recurrentes el ejercicio de dicho derecho. Este principio aparecería como paralelo o coadyuvante con el principio protectorio porque ambos van dirigidos a otorgar preferencia excluyente a la interpretación más protectora de los derechos humanos implicados.



16. No se advierten fundamentos razonables para sostener la discriminación de los trabajadores rurales respecto del resto de los trabajadores frente a conductas trasgresoras de las obligaciones patronales de pago oportuno de indemnizaciones.



17. De lo expuesto aparece un defecto de técnica legislativa de la que se derivaría una restricción normativa. La textualidad discriminatoria cede frente a la finalidad, sistemática, igualdad o no discriminación, interpretación más favorable e irrazonabilidad formativa.



18. Debe aplicarse un criterio extensivo o amplio de interpretación de los alcances del art. 2 de la ley 25323 comprendiendo a las indemnizaciones por despido del art. 76 del RNAT.



19. Si el despido indirecto de la actora se produjo durante la vigencia de la ley 25561 (art. 16), conforme el texto de la ley 25972, debe hacerse lugar al recargo indemnizatorio conforme el régimen vigente a ese momento. En lo que respecto a la naturaleza del distracto, al tratarse de un despido indirecto justificado, debe equipararse al de un despido sin expresión de causa según el texto del art. 16 invocado.

20. A diferencia de lo apreciado respecto del art. 2 de la ley 25323, el art. 45 de la ley 25345 modificó el art. 80 de la LCT, orden de derecho del que se encuentran excluidos los trabajadores rurales (art. 2). A su vez, el RNTA establece un orden formativo distinto de registraciones y sanciones. En consecuencia, no es aceptable la aplicación de esta norma a los rurales.



Sala 7ª Laboral Cba., Sent. del 28/05/2009, “Lima Norma Roxana c/ Muñoz Graciela Rosa y otro - Ordinario - Despido - Expte. 36521/37”.



* Seleccionado y reseñado por Tomás E. Sueldo.



... B. Valoración y conclusiones.

1. Nexo laboral.

a. Conforme da cuenta la relación de causa precedente y atento al modo en que ha quedado trabada la litis, se discute la existencia de un vínculo laboral dependiente. La actora afirmó haber trabajado bajo relación de dependencia jurídica, económica y laboral de los demandados Muñoz Graciela Rosa y Bono Celio, desde el 03/03/04 en la categoría de Peón en los establecimientos de su propiedad que ellos explotan de la zona rural de La Para de esta provincia de Córdoba, y de la zona rural de la localidad de Chalacea, hasta el

23/8/05 fecha en que se consideró despedida. El demandado Bono negó la vinculación laboral dependiente y afirmó que desde noviembre de 2003 se encuentra separado de la codemandada Muñoz por lo que esta detenta las máquinas y la explotación de los predios rutares mencionados en la demanda. La codemandada Muñoz no respondió la demanda.

b. A los fines de dilucidar la cuestión fáctica planteada, resulta relevante comenzar por el análisis de la prueba testimonial. La testigo Ester de Valle Arias afirmó que la actora trabajó para la demandada Muñoz desde marzo de 2004 hasta diciembre de 2005, por ahí. Detalló la jornada de trabajo en el campo de La Para, al sur. Indicó que la demandada alquilaba el campo para sembrar soja y hacer fumigaciones. La actora trabaja en el campo y la testigo era banderillera de Muñoz, que esta era la patrona e impartía órdenes. Informó sobre la jornada de labor, corroborando que era de forma completa y de lunes a lunes.

Esta selección de las declaraciones y las transcripciones completas insertas más arriba, indican que la actora prestó servicios en forma personal bajo la dirección de la demandada Muñoz, prueba concurrente con la falta de contestación de la demanda y las posiciones primera a decimocuarta de la prueba confesional ficta receptada según pliego de fs. 88. La omisión de contestación de demanda hace surgir la presunción de veracidad de los hechos relatados en ella, conforme lo establecido en al art. 49 LPT y confesión de los hechos afirmados en la demanda según lo establecido en el art. 192 CPC.

De tal forma, aparecen claramente las notas sobre la existencia de una relación laboral, es decir, la prestación de servicios y a favor de quién era el titular de la explotación, la codemandada Muñoz (arts. 2, 3 y conc. RNTA).

Igualmente, sobre la base de los efectos probatorios de la testimonial, de la falta de contestación de demanda y la confesional ficta debe concluirse en que la actora mantuvo un contrato de trabajo con la demandada Graciela Rosa Muñoz, desde el 03/03/04 en la categoría de Peón y jornada completa diaria de lunes a lunes y que concluyó el 23/8/05, fecha de la remisión del telegrama de despido indirecto.

Establecida la existencia de un contrato de trabajo, correspondía a la demandada acompañar la documentación relativa a la cancelación de haberes adeudados. La falta de contestación de demanda y la referida prueba confesional dan cuenta de la irregularidad registral de la actora, la ausencia de constancia sobre registración de la actora y la falta de exhibición de la documentación laboral requerida en juicio (fs. 42/5), llevan a tener como ciertos los rubros y montos adeudados por la prestación de tareas de la actora (arts. 122/8 RNTA y 39 RCT).

En consecuencia, corresponde hacer lugar al reclamo de los haberes correspondientes a los meses de junio y julio de 2005; diferencias de haberes a razón de $ 330 por mes y por diecisiete meses de labor, las asignaciones por hija y vacaciones proporcionales (arts. 28 a 46 RNTA).

2. Extinción de la relación habida entre las partes.

La actora invocó un despido indirecto, la demandada Muñoz no respondió la demanda y el demandado negó su procedencia. Surge de autos que la actora tomó la iniciativa de reclamar la regularización del nexo de trabajo; constan en autos las piezas postales remitidas por la actora a la demandada en los que emplazó su regularización laboral, sin que se haya acompañado respuesta de la demandada. Se ha establecido la irregularidad registral en que permanecía la actora por lo que ese emplazamiento aparece justificado.

La actora denunció privación de tareas y falta de pago de haberes, por lo que emplazó la regularización del vinculo laboral, bajo apercibimiento de considerarse en despido indirecto. Ante la falta de respuesta, hizo efectivo su despido indirecto el que resulta igualmente justificado e indica el momento en que deberá tenerse como extinguido el vínculo laboral. Estas afirmaciones han quedado probadas mediante la omisión de contestación de demanda que hizo surgir la presunción de veracidad de los hechos relatados en ella, conforme lo establecido en al art. 49 LPT y la confesión de los hechos afirmados en la demanda según lo establecido en el art. 192 CPC (pliego de fs. 88).

Como resultado de ello, corresponde considerar que la actora denunció justificadamente el contrato de trabajo (art. 67 y 68 RNTA) y es merecedora de los rubros emergentes del distracto incausado según los arts. 76 RNAT.

3. Art. 8 y 15 Ley 24013.

La actora intimó la regulación del nexo laboral conforme modalidades y plazos indicados en los arts. 8 y 11 de la Ley 24013. Se estableció en autos que la actora no se encontraba regularizada. Conforme el art. 1 del Dec. 2725/91 y art. 2 LCT, los trabajadores agrarios no se encuentran comprendidos en las disposiciones de la LNE.

No consta tampoco que la actora haya cursado notificación a la AFIP según art. 11 LNE, hipótesis imprescindible para analizar la procedencia de esa indemnización. En consecuencia, deben desestimarse los reclamos por los arts. 8 y 15 de la Ley 24013. No aparece reclamada la indemnización del art. 1 de la Ley 25323 cuyo régimen tiene un diferente tratamiento.

4. Agravamiento art. 2 de la Ley 25323.

a. La actora intimó a la demandada para el pago de las indemnizaciones emergentes de un despido incausado. No se escapa que la norma cuya aplicación se pide, hace referencia a las indemnizaciones de los arts., 231, 233 y 245 LCT y no a las del art. 76 del RNAT y que el tema ocupó dos plenarios de la CNAT “Casado, Alfredo Aníbal c/ Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. s/ despido” (5/6/07)1 y 10/09/08, en “Iurleo, Diana Laura c. Consorcio de Propietarios del Edificio Luis Sáenz Peña 1195”2 , ambos resueltos negativamente respecto de la aplicación de aquel dispositivo a los estatutos de periodistas profesionales y a los trabajadores de casa de renta, respectivamente.

b. El dispositivo invocado para el caso, debe ser interpretada según los siguientes criterios:

1) Teleología.

El recargo previsto en el artículo 2° de la ley 25323 tiene por objetivo asegurar la percepción en tiempo de las indemnizaciones por despido frente a las trasgresiones a las obligaciones legales del empleador. Se trata de perseguir una conducta dañosa con un incremento indemnizatorio. Esta situación de padecimiento y privación alimentaria puede se padecida de idéntica (o peor manera) por un trabajador rural y el resto de los trabajadores. De igual forma, los empleadores de esos sectores, merecen igual tratamiento disvalioso por parte del sistema normativo laboral en caso de incursionar en estas conductas.

2) Sistemática.

Si bien existen un régimen general de protección contra el despido incausado de la LCT, el sistema general constitucional de ese amparo, el art. 14 bis. CN, se integra con las previsiones especiales estatutarias. Una interpretación sistemática, indica que no existen fundamentos para diferenciarse en el aseguramiento efectivo de ese amparo y la sanción de conductas contrarias. El RNTA establece un régimen de protección contra el despido de similares características al de índole general referido en la Ley 25323.

La Ley 25323 no se inserta en la LCT sino que constituye una ley posterior general de tratamiento de la irregularidad registral y del incumplimiento con obligaciones indemnizatorias. Es decir, no estuvo inserta en la LCT como ocurrió con la Ley 25345 que modificó dos normas especiales de la LCT. Tampoco se indicó formativamente, una exclusión expresa como ocurre con la LNE Nº 24.013, según Dec. 2725/91.

3) Igualdad y no discriminación.

Según la textualidad del art. 2 Ley 25.323 se diferencia discriminatoriamente a los trabajadores agrarios en materia de protección frente a acciones omisivas del empleador, lo que conspira contra la igualdad, progresividad y protección laboral (arts. 14 bis, 16, art. 75 inc. 22 CN, en este caso por remisión al PIDESC y el Conv. OIT Nr. 111). No existen fundamentos para diferenciar entre trabajadores que resultan perjudicados por iguales situaciones.

Se advierte un trato discriminatorio normativo de los trabajadores rurales frente a situaciones perjudiciales idénticas como lo es la falta de pago de remuneraciones y el padecimiento por privación alimentaria que ello supone.

4) Interpretación más favorable.

Frente a lo expresado en los puntos anteriores, surgen, por lo menos, márgenes de duda acerca de la extensión restrictiva de la norma en análisis y en consecuencia, resulta apropiado acudir alo establecido en el art. 9 LCT y aplicar un criterio más favorable a la protección del trabajador.

5) Pro homine y progresividad.

La sentencia CSJN “Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas” (3/5/07) y “Ruiz, Emilio D. c/ Dirección General Impositiva” (15/5/07) sumó al principio de progresividad, el principio pro homine, pro persona o a favor del hombre con fuente en el DIDH igualmente referidos por “Aquino” y “Milone” y al que entiende como “connatural” con los documentos normativos supranacionales incorporados al derecho interno por vía del art. 75 inc. 22 CN. Ambos principios, según la CS, “determinan que el intérprete deba escoger dentro de lo que la norma posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana”. “Y esta pauta -aclara—se impone aun con mayor intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión alguna del derecho humano así interpretado, con otros valores, principios, atribuciones o derechos constitucionales”.

El principio pro homine impone que, en lugar de asumirse la interpretación restrictiva e impedir el derecho a la efectiva tutela jurisdiccional, se opte por aquella que posibilite a los recurrentes el ejercicio de dicho derecho. Este principio aparecería como paralelo o coadyuvante con el principio protectorio porque ambos van dirigidos a otorgar preferencia excluyente a la interpretación más protectora de los derecho humanos implicados3 .

6. Irrazonabilidad.

No se advierten fundamentos razonables para sostener la discriminación de los trabajadores rurales respecto del resto de los trabajadores frente a conductas trasgresoras de las obligaciones patronales de pago oportuno de indemnizaciones.

7. Textualidad.

De lo expuesto aparece un defecto de técnica legislativa de la que se derivaría una restricción normativa. La textualidad discriminatoria cede frente a la finalidad, sistemática, igualdad o no discriminación, interpretación más favorable e irrazonabilidad formativa.

En consecuencia y como conclusión debe aplicarse un criterio extensivo o amplio de interpretación de los alcances del art. 2 de la Ley 25323 comprendiendo el caso debatido en autos respecto de la su aplicación a las indemnizaciones por despido del art. 76 RNAT.

5. Art. 16 ley 25561.

En virtud de que el despido indirecto de la actora se produjo durante la vigencia de la mencionada norma, conforme el texto de la Ley 25972, debe hacerse lugar al recargo indemnizatorio conforme el régimen vigente a ese momento. En lo que respecto a la naturaleza del distracto, al tratarse de un despido indirecto justificado, debe equipararse al de un despido sin expresión de causa según el texto del art. 16 invocado.

6. Art. 45 Ley 253545.

A diferencia de lo apreciado respecto del art. 2 Ley 25.323, el art. 45 Ley 25.323 modificó el art. 80 LCT, orden de derecho del que se encuentran excluidos los trabajadores rurales (art. 2). A su vez, el RNTA establece un orden formativo distinto de registraciones y sanciones. En consecuencia, no es aceptable la aplicación de esta norma a los rurales.

C. Prueba valorada.

Se hace presente que se ha tenido en cuenta y valorado para la resolución de la causa el conjunto de la prueba producida aunque solamente se haya hecho referencia a la que se considera de valor dirimente o relevante.

D. Intereses.

Las sumas mandadas pagar se determinarán conforme las bases dadas, en etapa previa de ejecución de sentencia y según los montos de planilla anexa a la demanda ya que no han resultado controvertidos en autos por la titular del vínculo laboral. De conformidad a lo establecido por el TSJ en autos “Hernández”, las sumas que se mandan a pagar llevarán un interés del dos por ciento mensual, más el que arroje la tasa pasiva que publica la encuesta del BCRA, desde que cada una es debida y hasta su efectivo pago, lo que acaecerá a los diez días de quedar firme el auto aprobatorio de la pertinente planilla.

E. Costas.

Conforme el resultado del pleito, las costas del pleito relativos a la acción subsistente de la actora respecto de la demandada Graciela Rosa Muñoz por los rubros que prosperan deben imponerse a esta parte por resultar vencida (arts. 28 LPT, art. 104 inc. 5 y 125 y conc. Ley 9459). El estipendio de los profesionales actuantes se regulará cuando se haya delimitado la base respectiva.



Por lo expuesto y las normas legales citadas, el Tribunal



RESUELVE:

I. Tener por desistida de la acción y el derecho a la actora en contra del codemandado Celio Norberto Bono. Costas por su orden difiriéndose la regulación de honorarios para cuando exista base para ello.

II. Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por Norma Roxana Lima, DNI Nº 24.385.684 por los rubros indemnización por antigüedad del art. 76 RNAT, haberes del mes de junio y julio de 2005; indemnización art. 2 ley 25323; indemnización art. 16 Ley 25561 (Ley 25972); diferencia de haberes; art. 2º de la ley 25323; asignación familiares y vacaciones 14 días y desestimarse por las indemnizaciones de los arts. 8 y 15 de la Ley de Empleo y del art. 43 de la Ley 25345 y en consecuencia condenar Graciela Rosa Muñoz a abonar los rubros indicados conforme las bases y condiciones establecidas en los considerandos, con costas a cargo de la demandada.

III. Protocolícese y dese copia.



Fdo.: ARESE.



Notas

1 “El recargo previsto en el art. 2° de la ley 25323 no se aplica, en las relaciones regidas por la ley 12908 (DT, 1947-149), a las indemnizaciones dispuestas en el art. 43 incs. b y c, de esta última ley. Asimismo, tampoco se aplica a la indemnización dispuesta en el inc. d) del mismo artículo”.

2 “El recargo previsto en el artículo 2° de la ley 25323 no se aplica, en las relaciones regidas por la ley 12981, a la indemnización dispuesta en el artículo 6, cuarto párrafo, de esta última ley. Tampoco se aplica a la indemnización establecida en el quinto párrafo del mismo artículo”.

3 Arese, César, Principiología laboral de la nueva Corte Suprema, Revista de Derecho Laboral, Actualidad, II, 2008.
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Re: Jurisprudencia de Derecho Laboral

por Solo Derecho » Vie Abr 25, 2014 12:21 am

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Re: Jurisprudencia de Derecho Laboral

Notapor ariel armando » Jue Ago 20, 2009 6:52 pm

HORAS EXTRAORDINARIAS. Improcedencia. PRESUNCIONES. Ineficacia. CHOFER DE TAXI. Necesidad de autorización del empleador para su realización (art. 4, CCT 437/75). FECHA DE INGRESO. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN. OMISIÓN DE VALORAR PRUEBA DIRIMENTE -decretos municipales-. Improcedencia


El caso: La demandada dedujo recurso en contra del pronunciamiento que la condenó a abonar al trabajador las horas extras reclamadas solo con base en presunciones. Sostiene que la aplicación de los arts. 52 y 53 de la LCT no resulta pertinente desde que en los libros no se consigna la efectivización de horario extraordinario y, tratándose de prestaciones en jornada excepcional y ajenas al desenvolvimiento normal del contrato de trabajo, es el empleado quien debe concretar fehacientemente su realización, lo que no ocurrió. La recurrente también cuestiona el pronunciamiento por falta de fundamentación, denunciando que el Tribunal omitió analizar la documental (decretos municipales) que acredita la fecha en que se otorgaron los permisos para la explotación del servicio público. De ese modo -dice- se prueba la falsedad de los dichos del trabajador relativos al inicio de la relación laboral. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia, a través de su Sala Laboral, admitió parcialmente el recurso y rechazó la demanda en lo concerniente a las horas extras reclamadas, confirmándolo en lo demás.

1. La doctrina y la jurisprudencia pacíficamente señalan que es la accionante quien debe acreditar a través de medios directos las horas en exceso de la jornada legal. Además, resulta relevante la particularidad de la tarea involucrada y el método de percepción de los haberes de los taxistas. De allí que el marco convencional de aplicación supedita el pago incrementado a la autorización expresa del empleador para la realización del trabajo, lo que tiene que ver, se reitera, con la singularidad del servicio público de que se trata -art. 4º, CCT 437/75-.

2. El recurrente no evidencia que el material que conceptúa como dirimente para determinar la fecha de ingreso, efectivamente lo sea, si no tiene en cuenta las premisas de la sentencia que condujeron a fijar la fecha de iniciación del vínculo: a juicio del a quo las presunciones legales no solo que no fueron derribadas sino que la testimonial confirmó la señalada en demanda. Entonces, el momento a partir del cual se otorga formalmente el permiso de explotación y que consta en los decretos cuya valoración se denuncia omitida, carece de virtualidad para modificar aquel análisis.

T.S.J. Sala Laboral Cba., Sent. Nº 58 del 17/06/2009. Trib. de origen: Sala 6ª Laboral Cba., “Salgado Juan Carlos c/ Leoni de Boni Irma Roxana Zulma - Boni Jorge Nelson - Gómez Julio Héctor - Ordinario - Despido - Recurso directo”.
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